Friday, January 21, 2011

¿NACIONALIZANDO CAMISEA?

Escribo este artículo con el único propósito de aportar algunos datos al debate que en estos días se ha planteado en el país con respecto al futuro de la política energética, y en particular, en el tema de los hidrocarburos. Considero importante que nuestros líderes y la ciudadanía en general conozca la verdad en relación a ciertos temas y de esa manera, empecemos a separar la ficción de la realidad.

En las últimas semanas y a raíz del episodio de nacionalización de la industria de hidrocarburos que se ha registrado en Bolivia, se ha puesto sobre el tapete la discusión acerca de hasta qué punto el Estado tiene o debería tener participación en la comercialización del gas natural y los líquidos provenientes de Camisea. A este respecto resulta muy importante tomar en consideración cuánto de los ingresos de Camisea va a engrosar a las arcas fiscales por distintas vías, llámese regalías o impuesto a la renta. Esto es lo que en el argot petrolero se denomina el Government Take y sirve para cuantificar hasta qué punto el Estado participa en los beneficios de una explotación petrolera.

Durante el 2005, Camisea registró ventas totales del orden de US$ 616 millones tanto por sus ventas de gas natural como de condensados. El Estado Peruano cobra 37,24% de regalías del valor de la Producción Fiscalizada de gas natural y condensados, lo cual representó un total de US$ 191 millones. Hay que anotar que el valor de la Producción Fiscalizada es menor que el total de ventas del consorcio, pues éstas se determinan considerando los precios de venta reales (en el caso de los condensados se venden en Pisco) y son mayores a la valorización fiscalizada porque se trata de productos procesados y también porque hay que restar la tarifa de transporte desde Camisea.

Los costos de producción más la amortización de capital representaron aproximadamente US$ 365 millones, por lo que al consorcio de Camisea (formado por Hunt Oil, Pluspetrol, Tecpetrol, SK Corporation, Repsol y Sonatrach) le quedó US$ 60 millones de utilidades antes de impuestos. Como el Estado cobra el 30% de Impuesto a la Renta, esto es, US$ 18 millones, a los socios les quedó US$ 42 millones de utilidad neta.

 En consecuencia, debe quedar claro que en el año 2005 el Estado Peruano ha cobrado por concepto de regalías y de Impuesto a la Renta en el orden de US$ 209 millones, esto es, mucho más que las propias utilidades del proyecto. Ello significa que el Estado Peruano es, de lejos y en la práctica, el principal socio de Camisea y que recibe ingresos muy superiores a los que reciben Hunt Oil o Pluspetrol. Como se aprecia en el cuadro, el Government Take representó el 83% de la renta del negocio (Utilidad Neta + Impuesto a la Renta + Regalías), mientras que los socios del Consorcio sólo obtuvieron el 17% .

Seguramente, conforme se vaya incrementando la producción de Camisea, sobre todo a partir que se concrete el proyecto de exportación de gas licuefactado y se termine de amortizar las inversiones preoperativas, los ingresos y las utilidades de Camisea se irán incrementando. Pero aún en ese caso, el Government Take o la parte que le corresponde el Estado seguirá siendo fundamental.

Supongamos que en el futuro, de cada 100 dólares que vende Camisea, el Consorcio pudiera obtener 50% de margen antes de impuestos. En ese caso hipotético, el Estado Peruano recaudaría 37 dólares por regalías y otros 15 dólares por Impuesto a la Renta, para un total de 52 dólares por cada 100 dólares de venta. El Estado seguiría siendo el mayor “accionista” de Camisea con más de la mitad de recursos económicos que genera el proyecto, yendo a robustecer las arcas fiscales.

Cuando escuchamos que se va a nacionalizar Camisea, cabe preguntarse ¿cómo vamos a nacionalizar algo que ya es nacional? El Estado Peruano no necesita ser miembro del consorcio que controla Camisea para obtener - en la práctica - los beneficios de un socio absolutamente mayoritario. Esto demuestra que para que un Estado soberano obtenga los beneficios que justificadamente debe tomar para sí de la explotación de sus recursos naturales, no se requiere ni expropiar ni participar en la comercialización ni modificar los contratos vigentes. En la práctica, Camisea ya fue nacionalizado desde su concepción.

Los dilemas del gasoducto al sur: ¿sin soga y sin cabra?

El gobierno tiene entre manos un problema muy complejo que resolver: ¿Cómo guiar la política gasífera de manera que sea viable llevar gas al sur del Perú, a la vez que promover la instalación de una industria petroquímica competitiva en el país y no morir (políticamente) en el intento?

Hoy existen dos alternativas para llevar gas de Camisea al sur del país: (i) el ducto de la costa que promueve Suez Energy y que partiendo de Humay (Ica) viaja por la costa hasta Ilo. Este es un ducto de 834 km. y una inversión de US$ 850 millones. Suez Energy ha dicho que no requerirá de subsidios para su concreción y que estaría listo en el año 2011; (ii) el ducto andino de Kuntur que partiendo de Camisea, atravesaría las regiones de Cusco y Arequipa con un ramal hacia Puno y dos salidas a la costa por Ilo y Mollendo. Este es un ducto de 1085 km. y una  inversión estimada de US$ 1,200 millones. ¿Cuáles son los dilemas que hay que resolver?

Primero: ¿Quién pagará la diferencia en el monto de inversión? Pedir que sean los consumidores de gas es iluso pues ello restaría competitividad a toda industria que use el ducto, aspecto que es particularmente sensible en el caso de la petroquímica.

Segundo: Estos proyectos complejos se hacen de atrás para adelante. Primero hay que saber quién va a consumir el gas - y por tanto transportarlo - para saber si es viable construir o no el ducto. Nadie construye un ducto para ver después a quién le vende el servicio. Los contratos tienen que existir antes que el ducto y son claves para financiarlo. Resulta fundamental contar con clientes iniciales que acepten compromisos en firme de compra y transporte del gas. Así se hizo Camisea, con 6 clientes iniciales y un contrato “take or pay” que el Estado adquirió a través de Electro Perú. Para el ducto costero el propio Suez ha manifestado que ellos construirían dos plantas termoeléctricas. En el caso del ducto andino, está por verse quiénes serían los clientes iniciales y si es necesario que el Estado asuma un contrato “take or pay” o si requerirá una nueva Garantía por Red Principal (GRP).

Tercero: La operación y mantenimiento de los ductos es otro elemento crucial. Mientras que operar y mantener un ducto aprovechando el derecho de vía de la carretera Panamericana Sur es muy sencillo, operar y mantener un ducto que atraviesa selva virgen (incluyendo el Santuario de Megantoni), que recorre cumbres por sobre los 4,000 metros y que tiene varios ramales tiene que ser substancialmente más caro.

Cuarto: Mucho se habla de promover la petroquímica. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿En Pisco? ¿En Ilo? La petroquímica no es competitiva a cualquier precio. Si hasta hoy no tenemos en marcha ningún proyecto de petroquímica con el gas en Pisco, ¿cómo convencer a los inversionistas de irse 800 km. más al sur y pagar un mayor costo de transporte? Ambos ductos tendrán definitivamente un costo significativamente mayor que el ducto de Camisea llevando gas a Pisco. Si Suez va a tomar el gas en Humay para transportarlo hasta Ilo, quien lo reciba allí tendrá que pagar el ducto de Camisea además del nuevo ducto. El ducto andino tiene la ventaja de no tener que pagar por el uso del ducto de Camisea, pero los mayores costos constructivos y de operación definitivamente van a resultar en un costo mayor que el actual ducto de Camisea. ¿Por qué los inversionistas elegirían un lugar más caro en vez de situarse en Pisco? Sólo si el Estado los obliga, pero en ese caso se corre el riesgo de nadie se instale en Ilo, pues los costos de transporte podrían hacer inviable la industria petroquímica.

Quinto: La experiencia internacional muestra que la petroquímica se desarrolla en forma de hubs, es decir, se instalan varias industrias complementarias en una misma locación generando sinergias y economías de ámbito. De instalarse un primer proyecto petroquímico en Pisco, ello sería determinante para la ubicación de los siguientes proyectos. Por tanto, si se autoriza la instalación de petroquímica de envergadura en Pisco estaríamos minando la viabilidad de ambos ductos - tanto el costero como el andino - pues ya no habría petroquímica en el sur, con lo cual nos quedamos “sin soga y sin cabra”. Pero si el Estado le apuesta por la petroquímica en Ilo y descarta otorgar licencias para Pisco, corre el riesgo de que por el mayor costo de transporte también nos quedemos sin petroquímica ni en Pisco ni en Ilo, con lo que también nos quedamos “sin soga y sin cabra”.

Por último está el dilema político. Aún cuando el ducto costero sea viable desde el punto de vista económico y constructivo, puede resultar inviable políticamente. Con lo cual la única alternativa viable para el gobierno sería el apostarle al complejo proyecto andino, que implicará subsidios públicos o GRP o compras anticipadas de gas o cualquier otra fórmula de intervención del Estado para hacerlo viable. La pregunta es si a pesar del entusiasmo del gobierno, desde el punto de vista privado el ducto andino es una alternativa viable. Si los intereses público y privado no están correctamente alineados, el riesgo de quedarnos sin ducto y sin petroquímica puede ser muy alto.


EN TORNO A LAS RESERVAS DE CAMISEA Y LA POLITICA GASIFERA DEL PERU

La reciente certificación de las reservas probadas de Camisea y Pagoreni (lotes 88 y 56) por parte de la firma certificadora Gaffney, Cline & Asociados (GCA) situándolas en 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) ha despertado un nuevo debate acerca de la conveniencia de la exportación de gas natural y no faltan – por supuesto - las voces alarmistas que advierten la inminencia de una crisis y la necesidad de renegociar el contrato de exportación y hasta dejarlo sin efecto. No voy a hacer uso de esta tribuna para justificar las razones que nos llevaron en su momento a promover el proyecto de exportación de gas natural. Pero es importante aclarar a la opinión pública algunos temas relevantes en torno al proyecto de Camisea y - más importante aún - acerca de la política gasífera del Perú.

El concepto de reservas probadas no es un concepto estrictamente físico, sino que más bien contiene un fuerte ingrediente comercial. Por eso, el reporte de GCA pasa revista de todos los contratos firmados y por firmar del Consorcio de Camisea. Para que una reserva sea calificada como “probada” no basta que exista el gas en el yacimiento, sino que debe contar con contratos firmados o por firmar, en condiciones de mercado económicamente razonables y dentro de un horizonte temporal razonable (unos 5 años). En términos probabilísticos, se le asigna una probabilidad del 90% a que los volúmenes a ser extraídos y vendidos superarán este nivel. De acuerdo a GCA, las reservas probadas sumadas de los lotes 88 y 56 totalizan 8.8 TCF.  El informe también señala que existe un adicional de 2.2 TCF que representan reservas probables.  A éstas últimas se le asigna sólo un 50% de probabilidad de que los volúmenes extraídos y comercializados puedan resultar mayores a lo estimado. Finalmente, las reservas recuperables son la proporción de hidrocarburos que se puede recuperar de un yacimiento empleando técnicas existentes, es decir, esta es una medida de índole más físico que comercial. El informe de GCA brinda tres escenarios probabilísticos para las reservas recuperables: 10.2 TCF en su estimado bajo, 13.0 TCF en su “mejor” estimado y 14.7 en su estimado alto.
               
¿Qué significa todo este enredo de cifras? En términos sencillos, que los yacimientos de Camisea tienen reservas seguras para comprometer hasta por 8.8 TCF aún cuando existe evidencia de que habría más gas y que se podría extraer al menos 2 TCF adicionales. Pero el mensaje es claro: urge acelerar la prospección y la perforación en toda el área circundante a Camisea y en los propios lotes 88 y 56 para convertir estas reservas “probables” en “probadas” y declarar nuevos hallazgos comerciales en el corto/mediano plazo.  Este es un aspecto fundamental: lo que falta en Camisea no es gas, lo que falta es mayor actividad exploratoria para obtener mayores niveles de certidumbre respecto de la cuantificación y comerciabilidad de este gas. El concepto de reservas es un concepto muy dinámico, a más exploración y perforación de pozos en prospectos identificados, mayores serán los niveles de reservas probadas y probables.

Cuando se firmaron los contratos de exportación de gas, en el Ministerio de Energía y Minas se manejaba un estimado de reservas probadas del orden de 10.9 TCF, lo cual frente a una demanda nacional proyectada para los próximos 20 años de 4.0 TCF (en el escenario más optimista de crecimiento del mercado de gas), hacían razonable promover un proyecto exportación que involucraba 4.2 TCF de gas natural en 18 años, que se esperaba indujera un renovado interés por explorar la selva en busca de más hidrocarburos y que iba a generar US$ 2,500 millones de inversión en el país. Hoy, la situación ha cambiado significativamente: la demanda nacional para los próximos 20 años se estima en 8.6 TCF (incluyendo 1.0 TCF para la petroquímica), lo que unido a los 4.2 del proyecto de exportación, hace la situación de reservas muy apretada (deficitaria en realidad) a la vez que la actividad exploratoria en la selva no ha observado la dinámica esperada.

¿Qué puede hacer el Estado Peruano en las actuales circunstancias? Hay fundamentalmente dos caminos: (i) el del alarmismo que implica renegociar/suspender el contrato de exportación; (ii) el de la serenidad que implica sentarse con todos los agentes involucrados e iniciar inmediatamente una actividad perforatoria muy intensa en toda el área de Camisea y lotes circundantes.

El camino del alarmismo tiene el riesgo de hacer transitar al Perú por el camino ya transitado por Bolivia y por Argentina, ambos convertidos en parias internacionales para efectos de inversión gasífera. El caso de Bolivia es muy interesante. Cuando Bolivia firmó sus acuerdos de exportación con el Brasil, sus reservas probadas eran de sólo 6 TCF (menores que Camisea) y en un plazo de 5 años éstas subieron a más de 50 TCF gracias a una actividad exploratoria intensa atraída por la posibilidad de exportar y monetizar esta inmensa riqueza. Los problemas derivados de la nueva política gasífera del Presidente Morales, su negativa a exportar gas a Chile y la falta de inversión en el sector, han convertido a Bolivia en importador de GLP (cosa impensable años atrás) y sus reservas probadas se han reducido hasta 19 TCF pues aún cuando su riqueza gasífera está enterrada en el subsuelo, no existe ninguna certidumbre de que puedan comercializarla en un plazo razonable como para ser consideradas “reservas probadas”.
                Argentina es el otro caso paradigmático de cómo no hacer las cosas en materia energética. El problema es que nos estamos pareciendo cada vez más a ellos. En Argentina, el gobierno populista de Kirchner impuso un precio tan bajo al gas que la demanda creció desmesuradamente y cuando empezó a avizorarse que la oferta disponible no alcanzaba, optó con racionar y finalmente suspender los contratos de exportación que tenían con Chile. En el Perú, la renegociación de la fórmula del precio del gas ha llevado al gas a un precio tan bajo (particularmente en el caso de la generación eléctrica) que se ha fomentado un consumo que crece exponencialmente y que se utiliza de manera poco eficiente (ciclos abiertos) a la vez que se ha imposibilitado el desarrollo de fuentes alternativas y abundantes de energía como la hidroeléctrica que no puede competir con un precio de gas tan barato. Sólo  faltaría suspender el contrato de exportación de gas con México para imitar la pésima política energética argentina, que no sólo ha convertido a este país en un paria energético, sino que además ha demostrado que los contratos internacionales no tienen valor y ha vuelto más difícil el anhelo de la integración energética en la región sudamericana.
                El camino de la serenidad implica fundamentalmente dos cosas: (i) apurar a Repsol (lote 57), Pluspetrol (lote 56) y Petrobras (lote 58) a realizar sus labores de perforación inmediatamente para incrementar las reservas probadas de gas y (ii) establecer claramente en qué consiste la política energética del país y empezar a tomar las decisiones que los agentes y operadores están esperando desde hace ya bastante tiempo.  
Han pasado más de 3 años desde la firma de los contratos de exportación de gas natural y la actividad exploratoria en la zona de Camisea no ha tenido la dinámica esperada cual fue uno de los objetivos del proyecto de exportación. Se estima que el Lote 57 tendría 2 TCF de acuerdo a los primeros estimados derivados de los estudios de prospección realizados por Repsol. El lote 58 de Petrobras también tiene un enorme potencial y cuenta con estructuras gasíferas identificadas aún no perforadas. Pero mensajes contradictorios respecto de renegociación o cancelación de contratos hacen poco por inducir a los agentes a incrementar su actividad exploratoria. Repsol sabe que no podrá cumplir con su proyecto de exportación si no descubre mayores reservas de manera que ellos deberían ser los principales interesados en desarrollar actividad exploratoria en su lote aledaño a Camisea.
Hoy más que nunca se requiere de serenidad y liderazgo desde el Estado que indique hacia dónde vamos a ir en materia energética y que brinde señales claras de cuál será el camino que seguirá el desarrollo futuro del país.  ¿Dónde se ubicarán finalmente los polos petroquímicos? ¿Cómo se promoverá la generación hidroeléctrica? ¿Cómo se revertirá la distorsión de precios del gas natural? ¿Qué medidas tomará el Estado para hacer económicamente viable el gasoducto del sur? ¿Cómo se promoverá el desarrollo de fuentes no convencionales de energía? Estas son preguntas que hace tiempo el Estado debió responder y que mientras más se demore y se deje persuadir por las voces del alarmismo y el revisionismo, más se  parecerá el Perú a Bolivia y Argentina.

Cuatro Mentiras (o Estupideces) de los “Expertos” del Gas

Es increíble la impunidad con la que salen a declarar “pseudoexpertos” en el tema del gas, diciendo mentiras abiertas con clara motivación política o – en el mejor de los casos y siendo benévolo – tremendas estupideces que muestran su falta de conocimiento. Aquí te alcanzo cuatro dislates recurrentes:
1.       “El gas del lote 88 siempre fue de asignación exclusiva al mercado interno y el Gobierno de Toledo cambió los contratos para permitir su ilegal exportación.”
2.       “Los industriales nacionales pagan mayores regalías que la exportación y por tanto están subsidiando a los consumidores extranjeros.”
3.       “No debe permitirse que PeruLNG exporte gas a precios inferiores que el mercado interno.”
4.       “El gobierno anterior modificó ilegalmente aquello del horizonte permanente de 20 años con lo cual se ha dejado desabastecido el mercado interno.”
Veamos:
1.    Esto es una gran mentira. La posibilidad de exportar gas desde el lote 88 siempre estuvo presente. El Contrato de Explotación de lote 88 (el original antes del cambio) decía en su artículo 5.11 que: “El Contratista tiene el derecho de exportar los Hidrocarburos producidos en el Area de Contrato y la obligación de abastecer la demanda de Gas Natural del mercado interno, conforme a las normas legales vigentes.” Si fuese cierto lo que dicen, que el lote 88 siempre estuvo asignado exclusivamente al mercado interno, entonces la clausula 5.11 del contrato no hubiera existido jamás.
2.    Las regalías no las pagan los consumidores sino el productor del gas como compensación al Estado por la explotación de un recurso natural. Esta confusión aparece continuamente y es repetida una y otra vez por “expertos”, congresistas y periodistas.
3.    Esta es una estupidez que muestra la ignorancia en materia gasífera y económica. Para empezar es mentira que se exporta a precio inferior que el precio del mercado interno. Se exporta a US$ 4,5 por millón de BTU cuando el mercado interno esta alrededor de US$ 2 por MMBTU. Lo que es inferior es el precio al que vende el consorcio Camisea a PeruLNG para que el gas sea licuefactado (congelado) y exportado. Y esto sucede actualmente porque en el mercado internacional, el Perú es “tomador de precios”, es decir, exporta a los precios internacionales vigentes. En el mercado interno, el Perú tiene el precio regulado para el gas de Camisea. Entonces comparar el precio de exportación que fluctúa (y que el Perú no puede afectar) y el precio interno que está regulado (casi fijo) no tiene sentido. Hoy está por debajo, hace tres años estaba bastante por encima, dentro de cinco años quién sabe? El precio al que vende Camisea a PeruLNG está en función a ese precio oscilante. El sostener que se debe regular también el precio de exportación es una tremenda estupidez. Petroperú exporta gasolina desde hace muchos años y lo hace a precios incluso por debajo del precio al que importa petróleo crudo. Pero aquí a nadie se le ocurre rasgarse las vestiduras por esto. Así funciona  el mercado internacional de hidrocarburos. Mientras más lejos estés del centro de consumo (en el caso del gas, de la Costa del Golfo de México) menor será tu precio de venta pues te descontarán los costos de transporte.
4.    La Ley de Promoción al Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Ley N° 27133 (del año 1999) en su Art. 4° hablaba de “Garantizar el abastecimiento de gas natural por un periodo mínimo definido en el contrato." O sea, la ley le autoriza al Estado a establecer el periodo mínimo en los contratos que firma con el contratista. La ley no establece plazos.  Es en el Reglamento de la Ley (una norma de rango inferior) donde se introduce el concepto de “horizonte permanente de 20 años” que era una tremenda estupidez pues obligaba a que la continuidad de la exportación estuviera sujeta cada año a una revisión por parte del Gobierno: solamente se autorizaba la exportación si el Gobierno determinaba que había por lo menos 20 años de abastecimiento local garantizado. Si había menos, no se podía exportar. Imagínense lo absurdo de esta norma: un exportador de gas no podría hacer contratos de largo plazo, pues no tendría la seguridad de poder atender a su cliente si tiene el requerimiento de que el Gobierno “verifique” que hay suficiente gas para 20 años de abastecimiento local.  Como el negocio de exportación de LNG es un negocio de contratos de largo plazo, no un mercado de oportunidad, la exportación era un imposible comercial con semejante espada de Damocles.  Esta norma fue modificada (y concordantemente el contrato de Camisea)  para mantener los 20 años pero sin la verificación periódica del Gobierno de turno, sino fijándola al inicio del contrato de exportación.  Pero además, cabe señalar que este tema del “horizonte permanente” no fue realmente eliminado por Quijandría, PPK y cía. como se ha venido diciendo. Este concepto fue borrado de un plumazo por la llamada “ley Carrasco” (ojo con el techo de vidrio) al amparo de la cual se hicieron las modificaciones al contrato  de Camisea.

Espero que esto ayude a aclarar algunos de los temas que siguen – y seguirán – dando vueltas en el espinoso tema del gas, gracias a la labor poco pedagógica (más bien demagógica) que ejercen estos “expertos”.