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Sunday, February 20, 2011

Obama, el dólar y el perro que se muerde la cola por Juan M. Cayo

El Presidente Obama y la mayoría republicana en el Congreso norteamericano se encuentran en un punto muerto en las discusiones sobre la política fiscal. Obama está más preocupado por el alto desempleo que alcanza el 9.4% (que se duplica si se incluye a los que buscan trabajo y solo encuentran trabajos “part-time”), mientras que los republicanos están más preocupados por el déficit fiscal que se encuentra en niveles del 10% del PBI y por el problema acumulativo sobre el endeudamiento que estiman insostenible (el pago de intereses ya representa casi el 10% de los ingresos fiscales). En consecuencia, la mayoría republicana está planteando un recorte inmediato y profundo en gastos, mientras que  Obama estima que un recorte así pone en peligro la frágil recuperación de la economía y propone retrasar el recorte hasta el próximo año fiscal mientras este año sigue prometiendo nuevos gastos (como trenes de alta velocidad para conectar las principales ciudades de los EEUU). Lo que queda claro de esta lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que la política fiscal expansiva no será más - en el futuro previsible - una herramienta de estímulo macroeconómico en los EEUU.
En consecuencia, los EEUU van a tener que apoyarse exclusivamente en la política monetaria como mecanismo de estabilización, la cual tiene la ventaja de no pasar por el Congreso sino que es ejecutada por el Fed de manera absolutamente discrecional. Más aún, lo que hemos visto en los últimos tiempos es cómo el Fed es capaz de interpretar su misión de forma tan laxa que hasta ejecuta política fiscal disfrazada de monetaria (como nacionalizar bancos y compañías de seguros) y hasta se convierte en prestamista de última instancia de bancos centrales extranjeros (creando líneas de crédito para el BCE, el Bank of England y varios otros bancos centrales que enfrentaban escasez de dólares). Bernanke ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de poner a funcionar la “maquinita”: durante el 2008-2009 la base monetaria de los EEUU creció en más  del 100%  merced al denominado “quantitative easing 1”( QE1) y para el presenta año ya se anunció el QE2, que hará que la base monetaria de los EEUU vuelva a crecer en más del 25% durante el 2011.
¿Qué implicancias tiene esto para el Perú? Que el dólar seguirá con su tendencia declinante en el mediano plazo, sobre todo en la medida que esta inundación de dólares que viene realizando la Reserva Federal (“chisguetazo monetario” como dice mi amigo Guayo Paredes) deteriore la capacidad del dólar como medio de pago del comercio internacional, unidad de medida y reserva de valor. Esta tendencia secular del dólar tiene importantes consecuencias porque el BCRP está haciendo esfuerzos denodados por detener la caída del dólar. Así, a pesar de haber comprado casi US$ 9,000 millones durante el año pasado, el sol se apreció 2.8%.
El problema es que el BCR tiene una herramienta – política monetaria – y persigue dos objetivos distintos y a veces contrapuestos: (i) trata de enfriar presiones de demanda y para eso sube su tasa de referencia y (ii) quiere sostener el tipo de cambio pero al subir las tasas atrae el ingreso de más dólares, tiene que comprar más, esterilizar más, subir más las tasas para que compren los CDs y así sucesivamente.
¿Cuánto le cuesta al Banco Central la intervención cambiaria? Nadie sabe….esto y la rentabilidad de las reservas internacionales son los dos secretos mejor guardados del Banco Central. Pero en base a la información pública disponible, he hecho un rápido cálculo tipo “back of envelope” para estimar aproximadamente cuánto le habría costado la intervención cambiaria al BCR durante el año 2010.
Veamos: durante el 2010 el BCR compró US$ 8,963 millones, esto es, soltó S/. 25,284 millones que tuvo que esterilizar. Por la parte fiscal fue capaz de retirar S/.5,861 millones sobre todo por depósitos del Tesoro en el Banco Central. Pero la parte más importante vino por la parte monetaria, emitiendo CDs por casi S/.11,000 millones para absorber esos soles y otra parte vino por mayores encajes en el orden de S/. 5,747 millones. Como no esterilizó todos los soles, una parte equivalente a S/. 2,781 millones fue a engrosar el circulante [Nota al margen: la base monetaria creció 45% el año pasado así que el BCR fue tan pro-cíclico como el MEF].
Para estimar los costos de esta intervención hay que trabajar sobre los saldos promedio, pues el BCR va comprando a lo largo del año y tales compras no son uniformes. El saldo promedio de las compras durante el 2010 fue US$ 5,069 millones. Los dólares que compró son parte de las reservas internacionales que se invierten en el exterior en dólares (casi todo), en activos muy seguros y de corto plazo, pero lamentablemente muy poco rentables. La rentabilidad típica de las RIN siempre ha sido alrededor de Libid 3M (es decir, Libor 3M-1/8), que el año pasado promedió 0.22%. El problema es que cuando a esa rentabilidad le aumentamos la depreciación del dólar en 2.8%, la rentabilidad de las RIN termina siendo negativa medida en soles. Esto le habría costado al BCR unos S/. 131 millones. Además, el BCR también tiene que pagarle al Tesoro por los depósitos que realiza. Si asumimos que le paga la TIPMN (1.5% en promedio el 2010), entonces la esterilización fiscal le costó al Banco Central unos S/. 49 millones. Y finalmente viene el costo de la esterilización monetaria. Para recoger los soles del sector bancario ha tenido que emitir CDs y remunerarlos a la tasa promedio de 2% prevaleciente el 2010. Esto habría representado unos S/. 123 millones de costo adicional. En total, la intervención cambiaria le habría costado– soles mas soles menos – unos S/.303 millones al Banco Central durante el año pasado.
Ahora bien, hay que reconocer que le ha ido relativamente bien al BCR con esta política: el tipo de cambio se ha apreciado menos que en otras economías emergentes y la inflación se ha mantenido en niveles muy reducidos. Claro que hay dos factores que han coadyuvado a que el Banco Central la saque “barata” durante el 2010: (i) el alto crecimiento económico que permite poder monetizar más y dejar de esterilizar una parte importante de las compras pues una economía creciendo a las tasas asiáticas recientes  demanda más soles para seguirse remonetizando y “solarizando”(sustituyendo activos en dólares por soles); y (ii) las bajas tasas de interés que hacen que las pérdidas derivadas de la intervención no sean tan altas.  Una simulación del mismo nivel de esterilización del 2010 pero con tasas prevalecientes en el 2007 cuando los CDs pagaban 6.0% y la TIPMN estaba en 5%, llevaría el costo anual de esta intervención a niveles de unos S/. 500 millones como mínimo.
      ¿Qué pasará en el futuro? ¿Hasta cuándo puede seguir mordiéndose la cola el BCR? Cuando la economía peruana regrese a niveles más “normales” de crecimiento y las tasas de interés retornen a sus niveles de largo plazo, habrá mucho menos espacio para agregar circulante sin generar inflación y los costos de la intervención serán cada vez mayores. En ese momento, el Banco tendría que optar por enfocarse en la inflación y dejar de luchar contra la corriente permitiendo que el dólar siga su tendencia bajista producto de una política extremadamente laxa de la Reserva Federal, evitando los cada vez mayores costos de esta "flotación sucia".

Thursday, February 10, 2011

Una Nota Ambigua acerca de la Reducción del IGV por Juan M. Cayo

¿Por qué una nota “ambigua” acerca de la reducción del IGV? Porque tengo sentimientos encontrados que trataré de explicar. Estoy de acuerdo con el “qué” pero no con el “cómo”.
El Qué
Regresar el IGV a su nivel anterior de 18% es una medida acertada, de justicia y económicamente buena (ojo, hablando como economista no como cajero). El punto adicional se crea cuando en el MEF cundía la desesperación por equilibrar el presupuesto ante la decisión del Presidente Toledo de subirle el sueldo a los maestros, medida que no estaba presupuestada y que urgía financiar. Los que tengan buena memoria se acordarán incluso de los anuncios del Ministro Silva Ruete acerca de que se estaba estudiando poner impuestos a las llamadas por celular y a la TV por cable para financiar estos gastos no presupuestados. Al final el prevaleció el sentido común y se optó por lo menos malo: elevar el IGV en un punto como una medida “temporal” - iba a terminar en diciembre del 2004 – pero como todo adicto al “crack” el Gobierno se volvió también adicto a este nuevo ingreso y no lo pudo eliminar hasta hoy.
[Una nota al margen: Dicho sea de paso, es una pena que después de casi 20 años de reformas económicas, sigamos teniendo la mayor parte del presupuesto financiado por impuestos indirectos (IGV e ISC) cuando los países más desarrollados basan su presupuesto en impuestos directos. Esto demuestra lo lejos que estamos de alcanzar status de “economía desarrollada” a pesar de algunos anuncios delirantes.]
Sin dudas, un IGV de 19% es altísimo y sumamente distorsionante. Rebajar impuestos indirectos es una manera de devolver dinero a los contribuyentes, en este caso, particularmente a los agentes económicos formales que son los que soportan la pesada carga de la tributación en un país con un altísimo nivel de informalidad. Todos aprendemos en el primer año de universidad como los impuestos indirectos (que afectan precios y no rentas) son altamente distorsionantes y reducen la eficiencia del sistema de precios, afectando también el bienestar de productores y consumidores. Por esta razón, una rebaja como la propuesta debe ser – desde el punto de vista económico – bienvenida. Y ojalá se pudiera rebajar aún mas para llevarlo a niveles del 12% en el mediano plazo, claro está, sujeto a que tal rebaja es sustentable desde el punto de vista presupuestario.
Un punto del IGV representa unos 2,000 millones de soles y seguramente detrás de esta decisión del MEF está la proyección de un extraordinario periodo de regularización del impuesto a la renta este Marzo que viene, donde las empresas regularizan el pago del IR con respecto a los resultados del año 2010 y que – en particular para el caso de las empresas exportadoras ligadas a commodities – debe haber sido espectacular. Por lo tanto, no me cabe duda de que esos 2,000 millones de soles serán compensados con mayores ingresos por IR respecto del presupuesto.
El Cómo
Lo negativo de esta decisión es el “cómo”. Para empezar, esta decisión se toma apenas un día después que el presidente Alan García pidiera públicamente al MEF evaluar una reducción de costos tributarios. Todos los que hemos trabajado en el MEF (y yo he trabajado en tres administraciones distintas) sabemos que una reducción de impuestos no se analiza en un día. Incluso, el propio Ministro de Economía había dicho no saber en la víspera a cuánto podría bajarse el IGV y ofrecía terminar de estudiar el tema antes de culminar este gobierno. Vale recordar que hace pocos días, el propio Presidente García había considerado imposible reducir el IGV tal como lo había planteado Alianza por el Gran Cambio (PPK). Este sorpresivo anuncio demuestra que esta medida se ha tomado sin mayor análisis y solo para responder a un pedido público del Presidente al MEF, lo cual ya empieza a verse mal.
En segundo lugar, esta medida parece estar motivada no por las consideraciones de eficiencia económica o de justicia reseñadas arriba, sino por el fantasma de una subida de precios de alimentos y combustibles. Es decir, se pretende utilizar la rebaja del IGV como una herramienta anti-inflacionaria y eso sí es una barbaridad que no resiste el menor análisis. Los impuestos son para otra cosa, no para detener presiones inflacionarias. Peor aún, el efecto inducido por la reducción impositiva sobre la demanda agregada puede hacer incluso mayores las presiones inflacionarias. Desde este punto de vista, esta medida es un despropósito pues no cumplirá con el propósito que se está persiguiendo.
En tercer lugar, esta es una medida que debe tomar un gobierno que empieza no uno que esta por irse. El año fiscal recién empieza, la turbulencia internacional no ha terminado, pero ya estamos retirando ingresos permanentes que serán cubiertos por ingresos con un alto componente temporal (como aquellos provenientes del IR de los exportadores de commodities).
¿Cuál es el realmente el punto central?
El punto central es que la política fiscal y la política tributaria se siguen manejando en forma discrecional, de acuerdo al criterio del ministro o presidente de turno, sin ningún criterio de planificación de mediano plazo (multi-anual). Se sustituyen ingresos permanentes por temporales como si fueren intercambiables, se financian gastos permanentes con ingresos temporales, se bajan tasas para contener la inflación, y así sucesivamente. El ciclo presupuestal sigue siendo anual y miope. La formulación presupuestal es inercial y no presta ninguna atención a los componentes permanentes y temporales de ingresos/gastos. Y eso es lo que está mal.
Por todo lo anterior, escribo esta nota ambigua y esquizofrénica.

Saturday, February 5, 2011

¿Qué Política Fiscal Necesita el Perú? por Juan M. Cayo


      El Viceministro de Economía ha anunciado que el próximo año el Perú tendrá un superávit fiscal. ¿Es esto bueno?  Muchos consideran que esto es muy positivo pues un superávit implica que el Estado ahorra y  por tanto, reduce sus necesidades de endeudamiento. Otros dirán que no es bueno, pues en un país con tantas carencias económicas (insuficiente infraestructura, malos servicios públicos, profesores, médicos, policías y militares mal pagados, etc.) el fisco no debería tener superávits sino déficits para ir reduciendo estas carencias.
      Creo que la pregunta está mal formulada. El que el Gobierno obtenga superávit o déficit económico en un año particular sólo es bueno o malo en la medida que se tome en consideración una perspectiva de mediano plazo. En un país con las enormes carencias que enfrenta el Perú, el fisco no debería perseguir superávits (como sostienen a rajatabla los conservadores) o déficits (como proponen los liberales en el sentido anglosajón), sino que tendría que apuntar a una neutralidad presupuestaria -déficit cero - pero no sobre la base de cada ejercicio presupuestario sino considerando perspectivas presupuestales de mediano/largo plazo.  El fisco debería buscar tener presupuesto equilibrado en promedio, pero desviarse del equilibrio en cada ejercicio presupuestario dependiendo de las condiciones económicas. Así, en años de ingresos fiscales extraordinarios (asociados a altos crecimientos en el producto) debería ahorrar y en años de caída de recaudación (asociados a caídas en el producto) debería desahorrar. Esto que parece tan elemental no ocurre en el Perú.  
       El gráfico #1 nos muestra la estrecha correlación entre el cambio en el gasto público total (consumo + inversión) en soles constantes de 1994 y el cambio en el PBI para el periodo 1990-2009. Salvo en 3 años de la muestra, siempre el signo del cambio en G ha coincidido con el signo del cambio en Y.  Esto muestra que a pesar del discurso oficial y los intentos - yo fui testigo de algunos de estos esfuerzos - de ejecutar un gasto público anti-cíclico, en la realidad el gasto público en el Perú es absolutamente pro-cíclico.
      Pero no sólo es pro-cíclico, sino que las variaciones en el gasto público son - en general - bastante mayores que las variaciones en el producto, con lo cual el gasto público no solo amplifica el ciclo económico sino que además presenta una volatilidad muy importante (ver grafico #2). Esto es claramente contraproducente pues una volatilidad tan grande en el gasto público implica flujos de inversión pública tipo yo-yo lo que imposibilita una adecuada planificación de inversiones y genera discontinuidad (obras que se inician y luego se paran, culminándose en mucho mayor tiempo de lo estimado inicialmente lo cual termina costando mucho más), así como una indeseable volatilidad en el consumo público.  El problema es que en Perú no hay ajustadores automáticos del gasto que amortigüen el ciclo. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) no cumple ese rol a cabalidad, siempre está infra-fundado y no hay reglas claras que permitan convertirlo en un verdadero fondo de estabilización con base en la estimación de aquellos componentes de los ingresos que son transitorios.  
      ¿Qué hacer? Habría que hacer del FEF un real fondo de estabilización con ingresos/salidas automáticas sobre la base de la estimación de un índice de precios de los principales commodities que exporta el Perú. Los ingresos fiscales derivados de commodities no sólo constituyen una parte importante de la recaudación total, sino que explican la mayor parte de la volatilidad de los ingresos tributarios.  De esta forma, la volatilidad en los precios de los commodities se transmite a los ingresos fiscales. Lamentablemente, en los últimos 20 años hemos sido testigo de cómo a menudo se usan recursos extraordinarios para financiar incrementos permanentes (p.e. sueldos públicos) lo que sólo garantiza futuros problemas fiscales. Ligar el FEF a un índice de commodities permitiría ahorrar en tiempos de "vacas gordas" limitando severamente la capacidad de gasto en el periodo corriente y obligando a incurrir en superávit;  análogamente, en tiempo de "vacas flacas" con precios por debajo del nivel establecido se utilizaría parte de esos recursos para financiar el déficit, permitiendo estabilizar el gasto público en su nivel de sostenibilidad de mediano plazo, evitando así la prociclicalidad(?) observada.  Claro está, tendría que haber situaciones de excepción para enfrentar episodios de abruptas caídas en recaudación como cuando hay fenómenos naturales o catástrofes que afectan el producto interno a pesar del boom de precios internacionales.
      Para empezar, habría que modificar la manera como se prepara el Presupuesto General de la República. Este es absolutamente inercial (igual al del año anterior + inflación - conceptos menores que puedan cambiar +/- nuevas inversiones) y se presta poca atención a la diferenciación de los componentes permanentes y transitorios del gasto. Por el lado de los ingresos sucede algo similar: se estiman ingresos sobre ciertos supuestos, pero no se presta debida atención a los componentes transitorios/permanentes durante la ejecución del presupuesto.  
      Hoy en día, buena parte del superávit público proviene de la baja capacidad de gasto de las regiones y gobiernos municipales. Nuevamente, en un país con tantas carencias es un crimen que las regiones no sean capaces de gastar sus recursos y de gastarlos bien. Pero esta situación no es sólo culpa de las regiones y los municipios. También es culpa del Gobierno Central que nunca vio con buenos ojos el desarrollo de capacidad de gasto en las regiones, que siempre puso obstáculos para el proceso de descentralización fiscal y que retaceó la disponibilidad de recursos para apoyar adecuadamente la capacidad gerencial de las regiones. Esto, unido a una Ley de Canon que es un monumento a la inequidad (80% de los recursos se destina a no más de 4 ó 5 regiones), genera ineficiencias tremendas en la forma como se reparten y gastan los recursos públicos. No habrá reforma fiscal posible si no se "reparte la torta" de manera más equitativa. Cusco, Ancash, Cajamarca y Arequipa reciben demasiados recursos (y no la gastan o la malgastan en piscinas temperadas, plazas de toros y monumentos ridículos) mientras que otras regiones tan o más necesitadas reciben las migajas que pueda transferir el Gobierno Central.
      ¿Qué política fiscal necesita el Perú? Una que apunte a déficit cero en promedio,  que sea anti-cíclica con ajustadores automáticos del gasto/ahorro, con una mucho mejor repartición de la torta fiscal a nivel regional, con una descentralización efectiva y mejor calidad de gasto. Obviamente, es mas fácil decirlo que hacerlo...        

Thursday, January 27, 2011

LOS SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO: UNA BOMBA DE TIEMPO SIN RESOLVER por Juan M. Cayo

Si algo bueno hay que reconocerle al gobierno de Fujimori es que se encargó de brindar los incentivos necesarios para atraer buenos profesionales al sector público. La herramienta utilizada fue el famoso Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) administrado por el PNUD y que permitió pagar sueldos de mercado – y en algunos casos incluso superiores – a muchos calificados funcionarios. Los resultados no se hicieron esperar: las profundas reformas económicas de mediados de los 90’s no hubieran sido posibles si no se hubiera contado con un grupo selecto de funcionarios eficientes, bien formados y “con camiseta”. Recordemos que el Estado Peruano se maneja con no más de 500 personas en puestos clave (entre Ministros, Viceministros, Directores Generales, Reguladores, SBS, BCR, SUNAT, Pro Inversión y un selecto grupo de asesores).  
En los 90’s se creó una generación estupenda de funcionarios públicos jóvenes y comprometidos con el país y que resultaron fundamentales para ejecutar una reforma estructural a lo largo y ancho de todo el Estado (los Zavala, Naranjo, Blume, Ferrero, Guerra-García, Teullet, por nombrar algunos pocos). En muchos otros casos, el sector público fue capaz de atraer a destacados profesionales para brindar apoyo temporal a la gestión del Estado (recordemos a los Valderrama, Carranza, Paredes, Peschiera, por nombrar algunos) y que pusieron su cuota de eficiencia y empeño en la tarea de reconstruir instituciones y reformar un aparato del Estado obsoleto e inoperante.
El problema con este régimen del PNUD es que creó una “elite” en el sector público. Mientras 500 funcionarios ganaban sueldos bastante altos (un Viceministro o un alto asesor ganaba unos US$ 12,000 al mes, y un Director General unos US$ 10,000 por mes a fines de los 90’s), el grueso de los empleados públicos mantenía una situación de sueldos muy bajos - aunque hay que reconocer que ello generalmente también reflejaba una muy baja productividad. Además, el FAG era un régimen “no laboral”, pues en teoría no había nexo laboral con la entidad con la que se trabajaba, sino era más bien un sistema de “servicios no personales” (¿es que hay algo más personal que laborar 12 horas al día?), sin beneficios laborales de ninguna clase, ni seguro, ni CTS, ni vacaciones.  En suma, si bien el nuevo sistema revaloró la función pública y permitió llevar a cabo una reforma a gran escala, tuvo el inconveniente de  generar un desorden y una desigualdad al interior del Estado que había que resolver en algún momento.
Fujimori debió arreglar este desorden remunerativo y no lo hizo. Toledo pudo hacerlo pero tampoco lo hizo. García también no solo perdió la oportunidad de resolver el tema sino que lo agravó al eliminar casi por completo el uso del FAG y decretar el recorte sustancial en los sueldos de esta “elite” en el 2006. El problema es que está pasando el problema de gobierno a gobierno como una papa caliente y se va convirtiendo en una bomba de tiempo que nadie se atreve a resolver.
La reducción de sueldos ha causado que mucha gente valiosa saliera del sector público (los Kapsoli, Iwasaki, Von Hesse, Byrne, Laub, Pascó-Font, Prialé, entre muchos otros) y que sea cada vez más difícil encontrar reemplazos con similares aptitudes. Pero no sólo se pierde gente valiosa, con “camiseta” y conocimientos. Se pierde también parte de la memoria institucional. Uno le podía preguntar a María Lila Iwasaki acerca de los antecedentes de casi cualquier tema y siempre encontrar una respuesta precisa de cómo era antes, como era entonces y por qué se modificó.
Para colmo de males, ahora se pretende que este recorte de sueldos alcance también a esas “islas” que aún quedan en el Estado (BCR, SBS, reguladores). Pregunto: ¿de donde van a sacar los nuevos Rossinis, Quintanillas, Cantas, Poggis, Hirschs, Gallardos, etc.? Hay que poner un alto a este despropósito y tomar el toro por las astas.
Aquí va una propuesta. Todas las iniciativas que se han venido debatiendo con respecto de las escalas salariales del sector público – incluyendo la llamada “Ley Pease” que fue acaso el único intento concreto de poner orden a este caos – parten de un principio equivocado: que el Presidente debe ser el funcionario mejor pagado del Estado y que de ahí para debajo se deben establecer los sueldos de funcionarios. Como el principio es que “nadie puede ganar más que el Presidente” y como el Presidente en un acto político se ha rebajado el sueldo, entonces estamos atrapados en un callejón sin salida.  El próximo gobernante tendría necesariamente subirse el sueldo para poder “jalar” el resto de la estructura pública y eso no es políticamente correcto en un país con tanta desigualdad salarial. Pero este principio está errado y habría que eliminar ese obstáculo a la racionalización de sueldos públicos.  Propongo en cambio que al Presidente se le fije un sueldo simbólico de un (01) sol - y ojalá pudiera hacerse una enmienda constitucional al respecto- y con ello se deja las manos libres para establecer sueldos competitivos para el resto de funcionarios agrupados en 7 u 8 categorías con mecanismos de ascenso y aumentos en base a meritocracia. El Estado cubre todas las necesidades básicas del Presidente (casa, comida, transporte, ropa y hasta los colegios de sus hijos podrían salir perfectamente de la partida presupuestaria de la Presidencia), no necesita de un sueldo para vivir. Además, nadie quiere ser Presidente por el sueldo…  Acabemos con este prurito de que el Presidente debe el funcionario mejor pagado y nos habremos liberado al fin para hacer una reforma integral de la escala salarial del aparato público. El Estado no soporta cinco años más de desorden y de pérdida de capital humano.
Para terminar, quiero citar a Nouriel Roubini quien en su último libro “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance” hace referencia a los riesgos de contar con reguladores con bajos sueldos y como esto habría contribuido también a la crisis financiera.
Regulators also deserve better compensation. Look at the facts: until recently, the SEC was one of the worst-paid agencies in the entire federal government. While how much salaries can be raised is obviously limited, the people charged with overseeing the stability of the global financial system should reasonably be paid more than a receptionist at Goldman Sachs.

Sunday, January 23, 2011

¿Y si legalizamos las drogas? por Carlos E. Paredes

1.    Estuve leyendo una grata y recién publicada recopilación de discursos de Gabriel García Márquez (titulada: “Yo no vengo a decir un discurso”) y entre las maravillas allí contenidas, me encontré con unas reflexiones en torno a la violencia y la legalización de las drogas. Según el laureado escritor “es imposible imaginar el fin de la violencia en Colombia sin la eliminación del narcotráfico, y no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga, más próspera a cada instante cuanto más prohibida.” Una posición similar ha sido esgrimida por Mario Vargas Llosa en más de una ocasión.  En su artículo titulado “El Otro Estado” sostiene que “el problema no es policial sino económico” y hace suya la posición de los críticos de la estrategia del gobierno mexicano en este campo, quienes sostienen que “es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron.” Según el afamado autor, la solución “consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores.”

2.    La tesis de nuestros grandes literatos es contundente: “No tiene sentido declarar guerras que no se pueden ganar. Cambiemos de estrategia, no peleemos contra los carteles; más bien, quitémosle su razón de ser,  legalizando la droga, y dediquemos los recursos que asignamos en la actualidad a esta guerra -en la que tenemos pocas posibilidades de éxito- a la prevención y a la rehabilitación.”  

3.    Sin embargo, esta tesis no es tan sólida como parece. Primero, no es cierto que sólo debemos pelear aquellas guerras que estamos seguros que no vamos a perder. La historia y la dignidad de los pueblos están llenas de ejemplos (Grau, Bolognesi y Cáceres en el Perú, Vietnam en el este asiático). Al respecto, es importante recordar que el problema no sólo es económico; es sobre todo ético y de salud pública: ¡No podemos abandonar a nuestros jóvenes! Segundo, es necesario analizar la real naturaleza económica del problema. Ésta reside no sólo en el tamaño del negocio de la droga y los ingentes recursos con que cuentan los carteles, sino y, sobre todo, en la estructura de incentivos y castigos que condicionan el comportamiento de los diferentes actores involucrados. (¿Por qué no pensamos en dar incentivos pecuniarios significativos, así como castigos ejemplares, a los agentes del orden involucrados en esta guerra?) Tercero, el problema trasciende fronteras y no puede enfrentarse en un país de manera aislada.

4.    Un acuerdo internacional para despenalizar las drogas es difícil de avizorar; para empezar, no es fácil diferenciar entre países productores y países consumidores (en el Perú, el consumo de drogas va creciendo como un cáncer, mientras que EEUU es uno de los principales productores de marihuana del mundo y un importante exportador de drogas sintéticas). Muchos proponentes de la legalización de las drogas han reconocido tácita o explícitamente que ésta no puede hacerse de manera aislada y, por lo tanto, no es una opción de política realista para un país pequeño y periférico como el Perú. ¿Podríamos, acaso, legalizar la producción, consumo y exportación de cocaína? No quiero imaginarme la reacción del Departamento de Estado norteamericano… ¿Deberíamos, entonces, legalizarla y sólo prohibir su exportación (asegurándonos, así, precios bajos para nuestro cada vez mayor número de drogadictos)?

5.    Claramente, la opción de legalizar las drogas no es una opción realista ni deseable para el Perú. Sin dudas, el problema de la droga es económico, pero es mucho más que esto. Es un problema central para nosotros, un reto de política pública que el siguiente gobierno debería encarar con transparencia, eficiencia y audacia. Por ejemplo, resulta crucial modificar la estructura de incentivos que condiciona el comportamiento de nuestros policías. Asimismo y dado que parte de nuestro problema (no todo) se origina fuera de nuestras fronteras, deberíamos ser capaces de canalizar cientos de millones de dólares al año (suma enorme para nuestro alicaído presupuesto, pero insignificante para los países “consumidores”) a fin de financiar una estrategia moderna e inteligente de lucha contra la producción y el consumo de drogas en el Perú.