Thursday, May 26, 2011

CROWDING OUT Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO por Juan M. Cayo

Poca gente pondría en duda que el Estado cumple un rol fundamental en la economía a través tanto del gasto corriente (que sostiene el aparato estatal) como a través de la inversión pública, la tributación y los subsidios. Sin embargo, hay muchos que creen que el Estado a través de su gasto puede producir mayor crecimiento, generar empleo y todo esto de manera sostenible. Hay muchos otros que consideran que el mayor gasto del Estado no genera ni crecimiento ni empleo en forma sostenible, pues reduce el gasto privado y, por tanto, a nivel agregado no hay impacto duradero.
En el centro de esta discusión entre “pro-fiscalistas” y “anti-fiscalistas” esta el concepto de “Crowding Out” o “Efecto Desplazamiento”.  Crowding Out es la reducción en el gasto privado (consumo e inversión) que ocurre como consecuencia del incremento del gasto público o del financiamiento de su déficit. La explicación quizá más sencilla e intuitiva es en los casos en los que el déficit público es elevado y por tanto hay que emitir una gran cantidad de deuda, el Estado tiene que competir con las empresas privadas por la captación del ahorro nacional. Mientras más ahorro interno demande el Estado para cubrir sus gastos (o su déficit) menor disponibilidad quedara para el sector privado. Su consecuencia más inmediata es una subida de los tasas de interés, haciendo más difícil y costosa la financiación de la inversión de las empresas.
La teoría económica ha desarrollado innumerables modelos para apoyar o criticar los puntos de vista tanto de los “pro-fiscalistas” como de los “anti-fiscalistas”. Desde el punto de vista histórico, la discusión del crowding out se inicia con el modelo IS-LM de precios fijos, en el cual una expansión fiscal incrementa la tasa de interés a través del incremento en la demanda de dinero y desplaza los componentes más sensibles del gasto privado a la tasa de interés, esto es, la inversión. También se ha mostrado como operaría  el crowding out en una pequeña economía abierta con movilidad de capitales y tipo de cambio flexible (modelo Mundell-Fleming): un aumento del gasto público con oferta monetaria fija lleva a una apreciación cambiaria que desplaza aquellos componentes sensibles al tipo de cambio (exportaciones netas). También se ha hablado de Equivalencia Ricardiana para explicar por qué el gasto público no genera impactos sobre la demanda agregada, etc. Las discusiones entre unos y otros nunca han llegado a un consenso y creo que nunca se pondrán de acuerdo. Incluso en tiempos recientes, a raíz de la política fiscal tremendamente expansiva en los EEUU hemos sido testigos de agrias discusiones en los medios entre afamados economistas (incluyendo premios Nobel) que de un lado defendían la medida como positiva para el crecimiento y el empleo, y del otro aducían que tal expansión no tendría efectos positivos porque el gasto privado iba a ser desplazado.
Al final – creo yo- la respuesta a si el aumento del gasto público genera o no desplazamiento del gasto privado - en particular la inversión privada – es un tema empírico. Yo mismo le dediqué mucho esfuerzo a tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta. Mi tesis de bachiller fue sobre el Crowding Out en el Perú y luego hice las pruebas estadísticas  para testear la hipótesis del desplazamiento entre 1950-1985. Lo que encontré (con la econometría rudimentaria que conocía allá por 1988-89) fue que para el periodo de estudio, sí existía un fenómeno de crowding out entre el gasto público y la inversión privada pero que no era estadísticamente muy significativo. Lo interesante es que cuando desagregaba el gasto público en sus dos componentes - gasto corriente y gasto de inversión - la evidencia era contundente: el gasto corriente producía un importante y estadísticamente significativo crowding out sobre la inversión privada.  En cambio, el componente de gasto de inversión pública tenía un pequeño (pero estadísticamente significativo) “crowding in”, es decir, lejos de desplazar la inversión privada la favorecía. Ello porque la inversión pública que apunta a dotar de infraestructura básica y servicios públicos  (electricidad, carreteras, puertos, comunicaciones, seguridad, etc.) termina “abaratando” la inversión privada y, por tanto, se vuelven complementarias. El problema es que como el componente de inversión era muy pequeño frente al de gasto corriente, el impacto total era negativo.
El corolario de este trabajo es que si queremos que realmente el gasto del Estado tenga un impacto positivo y duradero en la actividad económica y el empleo, deberíamos privilegiar el gasto de inversión y frente al gasto corriente. Y además, mientras más eficiente sea la inversión pública mayor será su poder para producir un crowding in, complementando y generando mayor inversión privada en una especie de círculo virtuoso.
Pues bien, ¿qué ha pasado en el Perú de las últimas décadas? Los gráficos muestran la correlación entre gasto público (consumo + inversión) e inversión privada para dos periodos. Entre 1960-1990, la correlación entre ambas variables es prácticamente inexistente o muy débil. El segundo gráfico muestra, en cambio, una más clara correlación positiva entre el gasto público y la inversión privada desde 1991 en adelante.




Esto significa que la eficiencia del gasto público y en particular, de la inversión pública ha mejorado ostensiblemente en los últimos 20 años. De hecho, se podría testear la existencia de un quiebre estructural en las variables a inicios de los 90’s. Yo creo que no es casualidad que en este último  periodo se introdujo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como una herramienta fundamental de evaluación económica de los proyectos del Estado y se ha mejorado bastante la transparencia y la rendición de cuentas en general.
El reto es seguir ganando eficiencia en el gasto público para tengamos cada vez mayores niveles de crowding in generando ese círculo virtuoso de inversión pública y privada que se complementan y refuerzan.

Wednesday, May 18, 2011

EL ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO ¿PARA QUE CAMBIARLO? por Juan M. Cayo

El ex Ministro Luis Carranza mencionaba recientemente en un artículo periodístico que durante la vigencia de la Constitución del 79 el Perú creció 0.5% anual en promedio, mientras que durante la vigencia de la Constitución del 93 el crecimiento ha promediado 5.4%. Pero no sólo se trata de crecimiento, el Perú en los 80’s era mucho más atrasado y pobre que el Perú de hoy, qué duda cabe!
Una innovación central en la Constitución del 93 fue el nuevo capítulo económico y dentro de éste, el concepto del Rol Subsidiario del Estado (RSE). Conforme a este principio, el Estado puede proveer determinados bienes o servicios al mercado sólo cuando no exista oferta privada interesada en atender la demanda de dichos bienes o servicios, o si habiendo oferta privada haya segmentos de la población que no pueden acceder a ella. Este fue el marco conceptual para llevar a cabo la mayor transformación del Estado Peruano desde los tiempos de Velasco (que hizo exactamente lo inverso).
Gracias a estos cambios en la Constitución del 93 se generó el ambiente para atraer la inversión privada a casi todas las actividades económicas. Se privatizaron empresas públicas, se concesionaron servicios públicos y se crearon instituciones nuevas dedicadas a ejercer el rol regulador del Estado dentro de un marco general de mercado libre y libertad de la iniciativa privada. En suma, se redujo dramáticamente el “Estado Benefactor” prevaleciente hasta entonces. Ojo, bajo el principio del “Estado Benefactor” no hay límite para la intervención empresarial del Estado, el límite es la imaginación de los políticos... Hasta inicios de los 90’s el Perú estaba repleto de empresas públicas, la mayor parte de ellas quebradas y que manejaban de todo: telefonía, supermercados, grifos, línea de bandera, plantas pesqueras, bolicheras, puertos, aeropuertos, comercializadores de cuanto producto existía, y un largo etcétera.
Ahora bien, a pesar de que el principio del RSE está en la Constitución, en la práctica no se cumple completamente. Existe aún un grupo importante de empresas públicas que incumplen este principio. Dentro de FONAFE (holding que agrupa a las empresas del Estado) existen aún 33 empresas, de las cuales 10 son empresas de distribución eléctrica. [Ojo, a PETROPERU lo sacaron de FONAFE pero sigue siendo pública y ELECTROPERU sigue teniendo un manejo público pero no pertenece al FONAFE porque sus acciones pertenecen al Fondo Consolidado de Reservas, es decir, sirve para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional-ONP].
Aquí quiero ser anti-dogmático: en algunas ocasiones el tener una empresa pública ha servido para fines benéficos a la sociedad. Pongo abajo un par de ejemplos (con sus salvedades):
Ejemplo 1: PETROPERU ha venido cumpliendo un rol regulador de facto en un mercado que siendo tan pequeño y oligopólico (los otros jugadores relevantes son Repsol y  Pluspetrol), considero que es mejor tener un oligopolio mixto que uno 100% privado, pues el privado podría ser mucho más nocivo para la sociedad. Dicho esto, lamentablemente PETROPERU ha sido tradicionalmente manejado con criterios muy poco técnicos y transparentes (sobre todo en cuanto a fijación de precios) lo cual ha perjudicado al mercado desde hace años.  ¿Qué se puede esperar de sucesivos gobiernos que han visto en PETROPERU un cash-cow y una fuente de empleos (poniendo incluso a un panadero de Gerente General)? Urge que PETROPERU se maneje de manera profesional para que se parezca cada vez más a Ecopetrol (Colombia) o Petrobras (Brasil) y cada vez menos a PDVSA (Venezuela) o YPFB (Bolivia).
Caso 2: ELECTROPERU jugó un papel central en hacer viable Camisea. Cuando nadie quería firmar un contrato por adelantado del tipo “Take or Pay” para hacer bancable el proyecto, el Gobierno obligó a ELECTROPERU a firmarlo y ello hizo viable Camisea (ojo, muchos agentes privados se oponían a Camisea). Luego ELECTROPERU transferiría el contrato “Take or Pay” a Etevensa que se convertiría en la primera planta eléctrica en gozar del gas de Camisea. A partir de allí, ya todo fue cuesta abajo. Dicho esto, debo mencionar que muchas veces se abusa de ELECTROPERU obligándola a tomar acciones que ninguna empresa razonablemente manejada haría. Un ejemplo muy reciente es la subasta de nuevas plantas hidroeléctricas que llevó a cabo el Gobierno a través de Proinversión. Como no había demanda de distribuidoras (ni públicas ni privadas) que respaldaran la construcción de estas nuevas plantas generadoras, a alguien se le ocurrió crear - vía Decreto de Urgencia – la figura del “comercializador” de electricidad en la persona de ELECTROPERU para que éste sea el comprador por adelantado de toda la energía que oferten las plantas ganadoras y luego vea de cómo colocarla entre las distribuidoras una vez que la energía se empiece a producir. Es decir, se ha obligado a ELECTROPERU (con plata de los “viejitos”) a asumir un riesgo enorme: la posibilidad de tener que pagar por energía que no puede vender, además que el precio de la energía resultante de la licitación es bastante mayor al precio de mercado vigente. ¿Por qué en vez de semejante despropósito, no se dejó a ELECTROPERU hacer la inversión en su propia planta hidroeléctrica? Hubiera sido mucho mejor desde todo punto de vista.
Lo cierto es que tenemos una serie de empresas públicas que tienen – en general – un manejo que dista mucho de lo que sería un manejo “cuasi-privado”. Si PETROPERU fuera como Ecopetrol o Petrobras hace tiempo ya hubiera completado la modernización de la refinería de Talara y no – como sucede aquí – avanzar a paso de tortuga y con costos cada vez mayores. Si ELECTROPERU fuera como Electrobras o ISAGEN hace tiempo hubiera construido su propia planta a gas para cubrir su riesgo hidrológico y hubiera construido su planta hidroeléctrica (de requerirlo) en vez de entrar en contratos con alto riesgo. Y si las pequeñas empresas de distribución eléctrica regionales fueran manejadas con criterio privado, hace tiempo se hubieran fusionado y hubiesen invertido lo necesario para brindar un servicio decente y no como sucede ahora que brindan un servicio de mala calidad.
¿Por qué escuchamos tantas voces que quieren regresar al Estado empresario de la Constitución del 79 y acabar con el RSE? Fundamentalmente por dos razones: una ideológica (que podría ser respetable pero trasnochada) y una más terrenal (darle trabajo a miles de simpatizantes y clientes políticos).
El Estado no hace crecer la economía, eso lo hace el sector privado. Los privados no redistribuyen riqueza, eso lo hace el Estado a través de sus herramientas de política (gasto, tributación, transferencias, subsidios). Los roles son distintos y la Constitución del 93 así lo establece claramente. No retrocedamos…