EL DILEMA DEL PRISIONERO Y EL 10 DE ABRIL por Juan M. Cayo

En las elecciones del próximo 10 abril parece claro que hay tres tipos de preferencia electoral: el votante anti-sistema que se encuentra apoyando a Humala y que tiene el 20% de preferencias, el votante fujimorista (que es una categoría en sí misma) y que respalda a Keiko con otro 20%, y el votante “pro-sistema y demócrata” (por llamarlo de alguna manera) que representa el 50% del electorado y que se distribuye entre los otros 3 candidatos “grandes” (Toledo, PPK y Casteñeda). El restante 10% son los aún indecisos, los otros y los blancos/viciados. A poco más de dos semanas del 10 de Abril, parece que la posición mayoritaria del electorado (ese 50%) no alcanzaría representación en la segunda vuelta por la excesiva atomización del voto entre tres candidatos, los cuales si “cooperaran” serían imbatibles, pero como cada uno va por separado y en abierta guerra, es probable que los 3 pudieran ser eliminados simultáneamente, dejando ese 50% del electorado con la disyuntiva de votar por el “mal menor” en la segunda vuelta.

Esta falta de cooperación entre los candidatos que llamo “pro-sistema y demócratas” me hace recordar el “Dilema del Prisionero”, ejercicio de teoría de juegos inventado por el profesor A.W. Tucker en los años 50’s:

La policía detiene a dos sospechosos de haber cometido un crimen pero no cuenta con la evidencia para condenarlos más que por el ilícito menor de tenencia de armas. Entonces la policía pone a ambos sospechosos en cuartos separados - sin comunicación entre ambos -para ser interrogados. Cada uno de ellos puede confesar implicando al otro o quedarse callado. La policía le dice a cada uno de ellos lo mismo: si ambos confiesan son penados con 10 años de cárcel cada uno; si ambos se quedan callados sólo son penados con 1 año de cárcel por el delito menor. Pero si uno de ellos confiesa y el otro no, el que confesó queda libre y el que se quedó callado es condenado a 20 años. La “matriz de pagos” para los personajes Fila y Columna  es entonces como se muestra en la tabla. Si “Fila” confiesa y “Columna” no, entonces Fila sale libre (0 de castigo) y Columna paga 20 años de cárcel. Claramente no importa cuál sea la estrategia de “Columna” lo mejor que puede hacer “Fila” es confesar (10 es mejor que 20, así como  0 es mejor que 1). Y viceversa para el otro sospechoso.

En consecuencia, “Confesar” es la estrategia dominante para cada jugador. No importa lo que haga el otro sospechoso, el jugador siempre estará en mejor posición si confiesa. El resultado es que ambos sospechosos siguiendo su propio interés y maximizando su propio resultado, terminan confesando y pagando ambos 10 años de cárcel, aun cuando la mejor opción hubiera sido que ambos se quedaran callados y pagaran sólo 1 año cada uno. Esto demuestra que a veces el óptimo particular de cada jugador no coincide con el óptimo para la sociedad. Y también demuestra que cuando la tentación es muy grande, los incentivos para “defeccionar” o renunciar a un acuerdo puede también desembocar en una situación absolutamente sub-óptima.

            Otro ejemplo: supongamos que Coca-Cola y Pepsi venden productos similares. Cada uno debe decidir una política de precios. Lo mejor para ambos sería explotar su poder de mercado con precios altos, en cuyo caso cada firma haría ganancias de $10 millones por mes. Pero si uno de los dos baja sus precios para ganar mercado y restarle clientes al otro, puede ganarse $12 millones por mes y las utilidades del rival bajan a $7 millones. Si ambos bajan los precios, entonces sus utilidades son de $8 millones. ¿Cuál es la solución a este juego? Que ambos bajan sus precios para ganar mercado y ambos terminan en un escenario de precios bajos con utilidades de $8 millones, cuando mejor hubieran colaborado para quedarse en el escenario de precios altos y mayores utilidades. Es otro ejemplo en que la solución óptima de cada jugador teniendo en cuenta lo que haría el otro (el llamado “equilibrio de Nash”) es claramente sub-óptimo.

            ¿Por qué los 3 candidatos “pro-sistema y demócratas” prefieren enfrascarse en una guerra cruenta en vez de cooperar para llegar a una situación mejor para todos? Porque la tentación de la no-cooperación es muy grande - ganar las elecciones-, aun cuando el escenario en que todos terminen en una situación absolutamente sub-óptima - que ninguno llegue a la segunda vuelta - es muy probable.

¿Cómo alinear los intereses particulares con los de la sociedad, a fin de que la opción de cooperar sea superior a las tentaciones individuales? La teoría económica dice que si el juego es repetido varias veces y hay penalidad o retaliación a los jugadores que no cooperan, entonces ello disciplina a los agentes en el mediano plazo. Esta opción de “juegos repetidos” no es viable en el caso de las elecciones generales, pues la siguiente repetición del juego es en cinco años y ello es demasiado tiempo.

La otra opción es que la “matriz de pagos” cambie, y por tanto, cambien los incentivos de los jugadores. Conforme se acerque el 10 de Abril, la probabilidad de ocurrencia del éxito (pasar a segunda vuelta) y la recompensa por no cooperar se vuelve menor - en términos de valor esperado. Faltando una semana, al menos uno de los 3 candidatos sabrá que ya no puede llegar a la segunda vuelta. En esas circunstancias, la recompensa por mantenerse en la lid será ser mucho menor que los costos para la sociedad de no abandonarla. Si nuestros políticos fueran racionales (como nuestros delincuentes del ejemplo), aquel que sabe que no llegará debería abandonar la competencia y permitir que sus seguidores se redistribuyan entre los otros dos candidatos que responden al mismo electorado para ayudar a la consecución del “bien común “. ¿Será iluso pedirles tanta racionalidad a nuestros políticos?

LA AGENDA GASIFERA DEL PROXIMO GOBIERNO por Juan M. Cayo

Al próximo gobierno le toca resolver asuntos pendientes y urgentes en el tema gasífero.  A continuación propongo una agenda de temas a resolver o definir que resultan fundamentales para promover el desarrollo sano y sostenible de esta importante actividad:

1.       Ratificación del modelo de desarrollo establecido en el Ley General de Hidrocarburos (LGH).

Para empezar, el próximo gobierno debería ratificar que el modelo de la LGH – basado en la iniciativa privada, la propiedad y libre disponibilidad del recurso por parte del concesionario, libertad de precios de los combustibles, rol promotor y regulador del Estado cuando es necesario, etc.  – es el modelo a seguir. Los ajustes que sean necesarios deben darse dentro de este marco y no cambiarlo.

2.       La exportación de gas y el abastecimiento del mercado interno

Problema: Hoy existe un aparente dilema entre la exportación de gas y la necesidad de abastecer el mercado interno. Desde el punto de vista legal, tal dilema no existe pues tanto la LGH  como las leyes que regulan a los lotes 88 y 56 (Camisea) son claras en el sentido de que el contratista siempre puede disponer libremente del recurso extraído y lo puede exportar. Camisea es el único caso en que la Ley establece una restricción: solo se puede exportar luego de haber garantizado el abastecimiento del mercado interno, pero nada restringe a todos los demás lotes del territorio nacional de proceder a la exportación y no se exige ningún ejercicio de comparación contra la demanda interna. El concepto de “garantía de abastecimiento” involucra en principio a todas las reservas del país y no sólo debería aplicarse a un lote en particular.

Propuesta: Urge disponer la obligación de abastecer el mercado local como condición previa a todo contrato de exportación para cualquier lote en el territorio nacional. Es decir, hace un espejo de la Ley de Promoción de la Industria del Gas Natural (hecha expresamente para el lote 88 y 56) y extender ese principio a todos los demás lotes en el país. La condición de “garantía de abastecimiento” debe ser la vigente actualmente, es decir, se contrasta contra la proyección de la DGH al momento de firmarse cada contrato de exportación y ello fija el derecho en el concedente. De manera que cada sucesivo proyecto de exportación debe requerir realizar el mismo ejercicio de contrastación que hizo Camisea. De esta manera, la proyección de la demanda se convierte en un parámetro móvil (como era su espíritu original) y se garantiza siempre el abastecimiento adecuado del mercado nacional pero no se afecta al exportador que ya obtuvo su derecho, sino a los nuevos exportadores (es decir, a la oferta marginal).

3.       Resolver las distorsiones del mercado: lote 88 vs. el resto

Problema: El mercado interno de gas está sumamente distorsionado y esto se debe a cómo el Estado diseñó su estructura. El principal operador del país (Consorcio de Camisea) es el único operador que tiene un régimen de excepción a la LGH: (i) no dispone libremente del recurso sino que debe priorizar el mercado doméstico antes de proceder a exportar; (ii) tiene precios fijados en su contrato. En cambio, todos los demás operadores existentes no solo pueden hacer con el gas lo que quieran, sino que gozan de precios libres. Esta es una profunda distorsión porque genera un mercado multi-monopólico. Debido a las restricciones físicas de transporte y distribución, el mercado de gas genera varios pequeños monopolios locales (caso Olympic en el norte y Aguaytía en la Selva Central), que no compiten uno con el otro. Sin embargo, sus clientes  -particularmente industriales y eléctricos - sí compiten entre ellos y pueden verse muy afectados por el poder de mercado que cada monopolio local pueda ejercer. En el caso del área de Camisea, el próximo agente entrante – digamos Repsol – se va a convertir prácticamente también en un monopolio, pues en la medida que el consorcio Camisea comprometa la venta de todas sus reservas, Repsol se erigiría en la práctica como un agente monopolista, pues no tiene competencia real. Pero además, mientras Camisea tiene un precio regulado, el nuevo monopolista tiene precio libre.  

Propuesta: Urge reconocer que el mercado de gas en el Perú es un mercado muy distorsionado, con competencia prácticamente inexistente, clientes cautivos, con soluciones alternativas muy costosas (costos de reversibilidad) y declarar el fin a la libertad de precios para el mercado local.  Una Ley debería establecer que el precio en boca de pozo de toda venta de gas natural para el mercado interno será regulado con precios máximos de la misma forma como se regula los precios del lote 88. Si se quiere vender localmente para usos eléctrico, industrial, vehicular o residencial se atiene a precios regulados. Todo otro uso (LNG, exportación por ductos, petroquímica, etc.) sigue teniendo precio libre. Obviamente, los contratos existentes tendrían la opción más no la obligación de migrar tales contratos a este nuevo régimen, pero todo nuevo contrato que ellos realicen deberá regirse por los precios regulados. Cabe anotar que esta regulación de precios no debería ser permanente. Cuando el mercado de gas se encuentre en una etapa de mayor madurez y se cuente con una red interconectada de gasoductos a nivel nacional que permita a varios ofertantes ofrecer el gas bajo un marco de competencia y donde los usuarios pudieran optar entre más de un ofertante, entonces se podrían dar las condiciones para una desregulación del mercado.

4.       Resolver el tema de las regalías de la exportación

Problema: Hay un Decreto Supremo que dice que las regalías de exportación no pueden ser menores que las pagadas en las ventas para el mercado interno. De acuerdo a la última modificación del contrato del Lote 88, se establece que las regalías por el gas natural destinado a la exportación se pagarán en base a un porcentaje que se encuentra en función del precio del gas en el mercado internacional valorizando el gas al mayor valor entre el Precio Realizado (PR) y el Valor Mínimo de Valorización (VMV). El PR es el precio real al cual el consorcio de Camisea le vende el gas a la planta de LNG y se determina descontando al precio de referencia en el mercado internacional “Henry Hub” (precio del gas natural en la Costa del Golfo), los costos de distribución, transporte y regasificación en el punto de destino, el transporte marítimo del LNG, el costo de embarque y licuefacción y el costo transporte por ducto de Camisea a la Costa. El VMV es un valor piso de referencia para cada nivel de Henry Hub (HH).  Para efectos de la regalía, se toma el mayor valor entre el VMV y el PR y se le aplica el porcentaje de regalía. Este porcentaje se establece en función del precio del mercado internacional tomando como base el “Henry Hub” de acuerdo a los siguientes valores: (i) si el HH es menor o igual a US$ 4/MMBTU la tasa de regalía es de 30%, (ii) si el HH es igual o mayor a US$ 5/MMBTU la regalía es 38%, (iii) para el rango entre US$ 4 y US$ 5 se extrapola el porcentaje. Con el hallazgo de nuevas reservas de gas en EEUU y otras partes del mundo, los precios del gas natural se han  desplomado. Por tanto, a los precios de hoy - alrededor de US$ 4/MMBTU - la regalía es del 30% y se aplica sobre un precio bajo, con lo cual el ingreso fiscal por la exportación termina siendo mucho menor que el cobro de regalías por la producción destinada al mercado interno (US$ 0,16 vs US$0,63 aproximadamente).

Propuesta: El precio de referencia internacional fluctúa alrededor de los precios internos sin ninguna posibilidad de manejo por parte del Gobierno y por tanto, no tiene ningún sentido pretender que el monto de regalías por exportación deba ser igual o mayor al monto de regalías internas. Lo que sí parece razonable es que el porcentaje de regalías no deberían en ningún caso ser menores a las del consumo interno (37,24%).  Se propone establecer regalías flat del 38% para cualquier exportación de gas proveniente de lotes con las reservas probadas (56 y 88). Esto no podría ser una modificación en la Ley ni un DS pues no tienen efecto retroactivo, así que hay que lograrlo por la vía de la negociación con el Consorcio, negociación que está en curso y que debería terminar satisfactoriamente pero en estos términos, fijando porcentajes y no montos.

5.       Resolver el problema de los precios para generación eléctrica

Problema: Actualmente, los precios del gas proveniente del lote 88 para la generación eléctrica se encuentran en niveles muy bajos y ello genera distorsiones: (i) es un factor que imposibilita el desarrollo de plantas hidroeléctricas, pues no pueden competir con el gas barato [Nota: últimamente se está promoviendo hidroeléctricas pagándoles un sobreprecio por su energía frente a otras tecnologías, con lo cual se pretende arreglar una distorsión con otra distorsión…], (ii) desincentiva la construcción de plantas térmicas de ciclo combinado (CC) frente a las más ineficientes plantas de ciclo abierto (CA), pues la ganancia de eficiencia del CC no compensa su mayor inversión al precio actual del gas. Por tanto, se fomenta el uso ineficiente – despilfarro- del recurso gasífero en plantas de menor eficiencia técnica.

Propuesta: Es necesario ir corrigiendo esta distorsión haciendo que el precio del gas para la generación eléctrica vaya alcanzando un nivel más acorde con su real valor económico. Se propone imponer un cargo adicional para el precio en boca de pozo del gas destinado a la generación eléctrica para acercar su precio al valor real económico. Los recursos provenientes de este cargo se podrían destinar exclusivamente a un Fondo de Promoción del Transporte de Gas que promueva el crecimiento de la red nacional de ductos mediante distintos mecanismos como garantías de red principal, por ejemplo.

6.       Resolver la problemática del transporte

Problema: El Perú necesita incrementar tanto la capacidad de transporte en el ducto actual de Camisea, así como construir una red de gasoductos regionales que abastezcan de gas el resto de territorio nacional (actualmente sólo Lima goza de este beneficio). En el caso de los ductos regionales, el Gobierno ha promovido la construcción de ductos al Sur (Cusco, Ilo y Puno) y se habla de futuros ductos hacia el Centro (Huancayo) y Norte (por la costa hasta Trujillo).   El problema es que el marco legal actual no asegura la rentabilidad de los ductos regionales ni que exista demanda suficiente para hacerlos viables.  Un tema que se requiere solucionar es el de las tarifas de transporte. El ducto de Camisea tiene una tarifa de transporte de US$ 0,89 por MMBTU, pero los nuevos ductos, particularmente el de la Sierra Sur tendría un peaje mucho mayor por tratarse de un ducto “caro” que no sólo es largo sino que atraviesa la selva, la cordillera y que además tiene ramales hacia Puno, Cuzco e Ilo. Si la tarifa requerida para hacer viable este ducto fuera – digamos US$ 1,40 por MMBTU – surge la pregunta de ¿qué industria se va a localizar al final del tubo para competir con la industria en la zona de Lima? ¿Será posible que una central térmica pueda pagar un precio de transporte mucho mayor que las establecidas en Lima y competir con las plantas que usan el ducto más barato de Camisea? ¿O que se instalen plantas de industria petroquímica y compitan en igualdad con plantas que se construyan el Pisco y que usen el ducto a Lima?

Propuesta: Urge modificar el marco regulatorio del transporte de gas para ir hacia un esquema de tarifa estampilla (es decir, independiente de la distancia transportada) y única a nivel nacional por un periodo de - digamos- 20 años. De esta manera, se socializan los mayores costos de los ductos regionales y permite nivelar el terreno entre las industrias o plantas que se instalen en el país, independientemente de su localización, y por tanto, independientemente de cuál ducto estén utilizando. De esta manera, cada nuevo ducto genera un recálculo de peajes de transporte sobre todos los demás ductos existentes, igualando automáticamente el peaje de transporte a nivel nacional. Pasado este periodo de 20 años, se podría empezar a desregular progresivamente, transitando hacia un esquema de peaje por distancia. En consecuencia, si alguien quisiera construir un ducto “caro” su costo ya no sería cargado a todos los usuarios del sistema sino solo a los usuarios directos en función de su localización geográfica.

[Nota: Pido disculpas por lo extenso del post, pero quería decir muchas cosas y explicar algunos antecedentes para los que no están familiarizados con estos temas.]

JUNTOS, FERTILIDAD Y BECKER por Juan M. Cayo

Acabo de leer perplejo la noticia que “Juntos evalúa dar dinero de acuerdo al número de hijos”. Como se recordará, Juntos es un programa de alivio a la pobreza que se creó durante el gobierno de Toledo y que transfiere 100 soles mensuales a cada familia pobre que participa en el programa pero que es condicional a que los hijos vayan al colegio, que se vacunen en la posta, que la madre se someta a controles pre-natales, etc. Es decir, existe una serie de condiciones que la familia tiene que cumplir para hacerse acreedor al apoyo de 100 soles por mes. Por eso, este tipo de programa se llama “transferencias condicionadas de dinero” (conditional cash transfers). No fue una invención peruana, sino más bien se imitó la experiencia exitosa de México (Oportunidades) y Brasil (Bolsa Familia), contando además con el apoyo del Banco Mundial que considera estos programas como muy efectivos para aliviar situaciones de extrema pobreza. Mi perplejidad surge porque pareciera que en el Perú no hemos aprendido nada de décadas de estudios que relacionan la economía y la fertilidad.

Hace 200 años, Robert Malthus (pensador y académico británico) sostenía que incrementos en el ingreso de los pueblos venían acompañados de mayor fertilidad, pero que el crecimiento poblacional generado por la mayor fertilidad erosionaba el bienestar y la productividad de la mano de obra, y por tanto, las políticas sociales que promovían la fertilidad contribuían al empobrecimiento.

El gran Gary Becker (premio Nobel de Economía 1992) escribió un artículo seminal en 1960 (y luego muchos otros más en las siguientes tres décadas) en el cual aplicaba las herramientas de la microeconomía neoclásica para reconciliar la proposición Malthusiana de que el mayor ingreso tiende a estimular la fertilidad y el hecho de que el incremento de ingresos en los países industrializados había venido acompañado de una tendencia marcadamente declinante en la tasa de fertilidad y que el tamaño de las familias estaba inversamente asociado a diferenciales de ingresos en los países industrializados. Aplicando teoría del consumidor mostraba como estos cambios en la fertilidad podían explicarse por variaciones en el ingreso y por variaciones en el “precio” o costo de oportunidad de los hijos.

El “precio” de los hijos no es otra cosa que lo que cuesta criarlos, educarlos, alimentarlos, etc. Mientras más alto sea este costo, menor será la demanda por hijos y por tanto, menor la fertilidad (es decir, menos hijos por familia). Una manera importante como el “precio” o costo de oportunidad de criar hijos sube es elevando los sueldos de las mujeres, pues le va a resultar más caro renunciar a tales ingresos para dedicarse a la crianza de los hijos. Becker explicaba de esta manera cómo, con el masivo ingreso de la mujer el mercado laboral en la post-guerra, las  mujeres europeas y en EEUU estaban retrasando la maternidad varios años y reduciendo el número de hijos.

Si comparamos el perfil de las mujeres en Europa con el de las mujeres pobres en América Latina o Africa, veremos que las mujeres europeas no solo tienen menos hijos sino que tienen su primer hijo bien entrados los 20’s y hasta en los 30’s, mientras que entre las mujeres pobres la maternidad empieza en la adolescencia. ¿Por qué? Becker diría porque como las mujeres europeas están educadas y tienen alternativas laborales bien remuneradas, el costo de cada hijo es muy alto. En cambio, las mujeres pobres que son en un alto porcentaje iletradas y que tienen una productividad muy baja, no tienen mayor costo de oportunidad en la maternidad. Por el contrario, mientras más hijos tengan es mayor la probabilidad de que los hijos colaboren con el ingreso familiar trabajando desde niños (en el campo o incluso mendigando).

Becker además postulaba que las opciones de “cantidad de hijos” vs. “calidad de hijos” eran bienes sustitutos y, por tanto, si sube el precio de los hijos se iba a preferir buscar “calidad” antes que “cantidad”. De manera que la elasticidad-ingreso de la demanda por calidad es mayor que la elasticidad-precio de la demanda por cantidad. Esto explica la paradoja de que la cantidad de hijos se reduce cuando el ingreso aumenta, sin tener que deducir que los hijos son necesariamente un “bien inferior” (o sea que cuando sube el ingreso familiar, se reduce su demanda).

Regresando a Juntos…la fertilidad no es una casualidad, ni obra del Espíritu Santo. La fertilidad es una decisión que como cualquier otra decisión está condicionada por consideraciones económicas, expectativas, preferencias, etc. Las mujeres pobres del Perú ya parten con condiciones económicas que las hace propensas a familias grandes: un bajísimo costo del oportunidad – o “precio bajísimo” de los hijos como diría Becker. Si encima de esto, le vamos a dar más plata a través de Juntos si tienen más hijos, entonces vamos a dar el incentivo para que incrementen su fertilidad y se empobrezcan más. Es decir, un total despropósito.

Un corolario importante en toda esta teoría económica de la fertilidad es que el mejor método para control de la natalidad no es ni repartir condones en los colegios ni campañas masivas de esterilización. El mejor método es educar a las mujeres pobres.

PARCHANDO LOS ERRORES DE LA REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO por Juan M. Cayo

Cuando sobreviene una crisis en el sector eléctrico, generalmente - diría que en un 95% de los casos - hay que buscar las causas en errores en la regulación de precios. Los precios deberían reflejar la escasez relativa de los recursos y en un mercado totalmente libre - casi por definición - no ocurrirían crisis en la medida que los precios se ajustaran para brindar las señales adecuadas a los inversionistas y a los consumidores.  En el Perú, la reforma eléctrica ya cumplió la mayoría de edad - se inició en 1992 - y a pesar de contar con una regulación moderna, el sistema eléctrico peruano no ha estado exento de problemas y episodios de cuasi-crisis. Y todas han estado estrechamente relacionadas a deficiencias en la regulación de precios, ya sea en el propio marco o en su aplicación.

Tomemos un primer ejemplo: la sequía de inversión en transmisión de los años 90’s. Luego de la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) a fines de 1992 y su posterior reglamentación, se esperaba que el nuevo marco de promoción de la iniciativa privada atrajera inversionistas para expandir y reforzar el sistema de transmisión eléctrico del país, una condición necesaria para contar con un sistema eléctrico confiable y eficiente. Sin embargo, el marco de la LCE no era adecuado para promover inversiones pues le otorgaba al regulador (CTE luego Osinerg hoy Osinergmin) demasiada discrecionalidad para revisar las tarifas de transmisión, reclasificar líneas y valorizarlas.  De manera que la percepción del “riesgo regulatorio” era muy alta. En consecuencia, nadie invertía en líneas de transmisión. ¿Cuál fue la solución? Sacarle la vuelta a la Ley a través del recurso de Proinversión que tenía entonces  - y hasta ahora mantiene - poderes exorbitantes para hacer y deshacer al margen de las leyes sectoriales en el Perú. Es así que Proinversión le sacó las castañas del fuego al Ministerio de Energía y Minas a través de los famosos contratos BOOT (Build, Operate, Own and Transfer) que permitieron atraer inversionistas bajo esquemas ad-hoc, fuera del marco de la ley general. Gracias a estos procesos, se construyeron todas las líneas de transmisión importantes de la última década y gracias a otro recurso ad-hoc, los contratos RAG (Remuneración Anual Garantizada) se concesionó casi el 100% del sistema de transmisión a operadores privados (en realidad la mayor parte del sistema la opera ISA que es una empresa pública de Colombia). Finalmente, en la reforma eléctrica del 2006 se reconoce que estos esquemas BOOT y RAG son los mejores para atraer inversión y se les hizo parte de la ley general.

Segundo ejemplo: la crisis de contratos regulados del 2004-2006. Cuando las tarifas reguladas que reciben los generadores se alejan mucho de los precios que reciben en el mercado mayorista (spot), entonces los generadores van a preferir vender en el mercado mayorista antes que venderle a los distribuidores a precios regulados. Osinergmin nunca ha querido reconocer que presionaba hacia abajo los precios regulados (la llamada “tarifa en barra”) con el consiguiente desincentivo a las empresas generadoras, que no solo dejaban de invertir sino que dejaban de venderle energía a las distribuidoras.  Como las distribuidoras no podían dejar de servir a sus clientes (millones de usuarios del servicio público de electricidad como nosotros), empezaron a retirar energía del sistema sin contratos, y como nadie quería reconocer esa energía como suya - pues al hacerlo se les imponía la tarifa regulada - en la práctica no había a quien pagar por la energía retirada. En consecuencia, se rompió la cadena de pagos del sector eléctrico y se estuvo al borde de una crisis de mayúsculas proporciones. [Nota al margen: en plena crisis de contratos (allá por el 2005) cuando se discutía cómo salir del problema, Osinergmin redujo el precio de la potencia que se paga a los generadores, echando más leña al fuego (!) Claro que sólo aplicaron la fórmula pre-establecida, pero ello demuestra la desconexión entre la regulación y la realidad que se vivía entonces.]

La solución a esta crisis desembocó en la reforma del 2006 en la que se introdujeron las licitaciones de energía para el mercado regulado, con el fin de tener cada vez más un precio que refleje condiciones de mercado y cada vez menos un valor fijado administrativamente. Sin embargo, la reforma del 2006 dejó abiertas dos “ventanitas” para que prosiguieran los errores regulatorios. Primero, el regulador mantenía la potestad de fijar el precio tope de las subastas (lo cual es razonable en un mercado oligopólico como el nuestro). Lo que pasó en muchos casos, es que Osinergmin impuso precios tope muy bajos que ocasionaron que muchas de las subastas realizadas entre el 2006 y 2009 resultaran desiertas total o parcialmente. Y segundo, se excluyó de las licitaciones el precio de la potencia que seguiría siendo fijada administrativamente y no sería sometida a subasta.

Desde hace años se le ha venido diciendo al regulador que la remuneración de la potencia es insuficiente. En teoría, la remuneración de la potencia debería ser suficiente para recuperar el capital de una nueva planta térmica aunque no genere electricidad nunca y sea simplemente una planta de reserva. En la práctica, esto no sucede y por tanto, en los últimos años ha habido una falta de inversión en nuevas plantas de generación que sirvan de reserva eficiente. Pero no solo es un tema de nivel de precio sino también de incertidumbre, pues el regulador revisa anualmente ese pago de potencia que reciben todos los generadores en el país. ¿Cuál ha sido la solución más reciente a este problema? Pues el Ministerio de Energía y Minas ha procedido a convocar (a través de Proinversión, otra vez) a una subasta para construir plantas de reserva fría en Talara, Puerto Eten e Ilo. El “caramelo” de estas licitaciones es que el inversionista puede ofertar el precio que quiera para el pago de potencia y el precio resultante además, estará estabilizado por el plazo del contrato (20 años). En esta licitación  se adjudicó tanto la planta de Talara (EEPSA) como la de Ilo (Enersur) a un precio de potencia de 31% y 21% por encima de la remuneración de potencia del régimen general, respectivamente. De manera, que nuevamente las deficiencias de precios regulados no se arreglan de la manera natural: subir el pago por potencia del régimen general, sino a través de una medida de parche que tienen el inconveniente de crear un régimen paralelo y discriminatorio. Ahora sólo dos empresas tendrán un pago de potencia más alto y estable, mientras el resto de las decenas de plantas generadoras existentes seguirán recibiendo el pago determinado por Osinergmin.

¿Hasta cuándo vamos a seguir parchando errores con soluciones de corto plazo que al crear tratos discriminatorios pueden generar incluso mayores problemas en el futuro? ¿Hasta cuándo vamos a seguirle “sacando de vuelta” al régimen general creando legislaciones paralelas vía Decretos de Urgencia para solucionar problemas que debieron solucionarse mucho antes por la vía correcta? Lo sano es aceptar que si hay falta de capacidad instalada, las tarifas deben subir para atraer inversiones, pero para todos no para unos cuantos.