LOS SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO: UNA BOMBA DE TIEMPO SIN RESOLVER por Juan M. Cayo

Si algo bueno hay que reconocerle al gobierno de Fujimori es que se encargó de brindar los incentivos necesarios para atraer buenos profesionales al sector público. La herramienta utilizada fue el famoso Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) administrado por el PNUD y que permitió pagar sueldos de mercado – y en algunos casos incluso superiores – a muchos calificados funcionarios. Los resultados no se hicieron esperar: las profundas reformas económicas de mediados de los 90’s no hubieran sido posibles si no se hubiera contado con un grupo selecto de funcionarios eficientes, bien formados y “con camiseta”. Recordemos que el Estado Peruano se maneja con no más de 500 personas en puestos clave (entre Ministros, Viceministros, Directores Generales, Reguladores, SBS, BCR, SUNAT, Pro Inversión y un selecto grupo de asesores).  

En los 90’s se creó una generación estupenda de funcionarios públicos jóvenes y comprometidos con el país y que resultaron fundamentales para ejecutar una reforma estructural a lo largo y ancho de todo el Estado (los Zavala, Naranjo, Blume, Ferrero, Guerra-García, Teullet, por nombrar algunos pocos). En muchos otros casos, el sector público fue capaz de atraer a destacados profesionales para brindar apoyo temporal a la gestión del Estado (recordemos a los Valderrama, Carranza, Paredes, Peschiera, por nombrar algunos) y que pusieron su cuota de eficiencia y empeño en la tarea de reconstruir instituciones y reformar un aparato del Estado obsoleto e inoperante.

El problema con este régimen del PNUD es que creó una “elite” en el sector público. Mientras 500 funcionarios ganaban sueldos bastante altos (un Viceministro o un alto asesor ganaba unos US$ 12,000 al mes, y un Director General unos US$ 10,000 por mes a fines de los 90’s), el grueso de los empleados públicos mantenía una situación de sueldos muy bajos - aunque hay que reconocer que ello generalmente también reflejaba una muy baja productividad. Además, el FAG era un régimen “no laboral”, pues en teoría no había nexo laboral con la entidad con la que se trabajaba, sino era más bien un sistema de “servicios no personales” (¿es que hay algo más personal que laborar 12 horas al día?), sin beneficios laborales de ninguna clase, ni seguro, ni CTS, ni vacaciones.  En suma, si bien el nuevo sistema revaloró la función pública y permitió llevar a cabo una reforma a gran escala, tuvo el inconveniente de  generar un desorden y una desigualdad al interior del Estado que había que resolver en algún momento.

Fujimori debió arreglar este desorden remunerativo y no lo hizo. Toledo pudo hacerlo pero tampoco lo hizo. García también no solo perdió la oportunidad de resolver el tema sino que lo agravó al eliminar casi por completo el uso del FAG y decretar el recorte sustancial en los sueldos de esta “elite” en el 2006. El problema es que está pasando el problema de gobierno a gobierno como una papa caliente y se va convirtiendo en una bomba de tiempo que nadie se atreve a resolver.

La reducción de sueldos ha causado que mucha gente valiosa saliera del sector público (los Kapsoli, Iwasaki, Von Hesse, Byrne, Laub, Pascó-Font, Prialé, entre muchos otros) y que sea cada vez más difícil encontrar reemplazos con similares aptitudes. Pero no sólo se pierde gente valiosa, con “camiseta” y conocimientos. Se pierde también parte de la memoria institucional. Uno le podía preguntar a María Lila Iwasaki acerca de los antecedentes de casi cualquier tema y siempre encontrar una respuesta precisa de cómo era antes, como era entonces y por qué se modificó.

Para colmo de males, ahora se pretende que este recorte de sueldos alcance también a esas “islas” que aún quedan en el Estado (BCR, SBS, reguladores). Pregunto: ¿de donde van a sacar los nuevos Rossinis, Quintanillas, Cantas, Poggis, Hirschs, Gallardos, etc.? Hay que poner un alto a este despropósito y tomar el toro por las astas.

Aquí va una propuesta. Todas las iniciativas que se han venido debatiendo con respecto de las escalas salariales del sector público – incluyendo la llamada “Ley Pease” que fue acaso el único intento concreto de poner orden a este caos – parten de un principio equivocado: que el Presidente debe ser el funcionario mejor pagado del Estado y que de ahí para debajo se deben establecer los sueldos de funcionarios. Como el principio es que “nadie puede ganar más que el Presidente” y como el Presidente en un acto político se ha rebajado el sueldo, entonces estamos atrapados en un callejón sin salida.  El próximo gobernante tendría necesariamente subirse el sueldo para poder “jalar” el resto de la estructura pública y eso no es políticamente correcto en un país con tanta desigualdad salarial. Pero este principio está errado y habría que eliminar ese obstáculo a la racionalización de sueldos públicos.  Propongo en cambio que al Presidente se le fije un sueldo simbólico de un (01) sol - y ojalá pudiera hacerse una enmienda constitucional al respecto- y con ello se deja las manos libres para establecer sueldos competitivos para el resto de funcionarios agrupados en 7 u 8 categorías con mecanismos de ascenso y aumentos en base a meritocracia. El Estado cubre todas las necesidades básicas del Presidente (casa, comida, transporte, ropa y hasta los colegios de sus hijos podrían salir perfectamente de la partida presupuestaria de la Presidencia), no necesita de un sueldo para vivir. Además, nadie quiere ser Presidente por el sueldo…  Acabemos con este prurito de que el Presidente debe el funcionario mejor pagado y nos habremos liberado al fin para hacer una reforma integral de la escala salarial del aparato público. El Estado no soporta cinco años más de desorden y de pérdida de capital humano.

Para terminar, quiero citar a Nouriel Roubini quien en su último libro “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance” hace referencia a los riesgos de contar con reguladores con bajos sueldos y como esto habría contribuido también a la crisis financiera.

Regulators also deserve better compensation. Look at the facts: until recently, the SEC was one of the worst-paid agencies in the entire federal government. While how much salaries can be raised is obviously limited, the people charged with overseeing the stability of the global financial system should reasonably be paid more than a receptionist at Goldman Sachs.

¿Y si legalizamos las drogas? por Carlos E. Paredes

1.    Estuve leyendo una grata y recién publicada recopilación de discursos de Gabriel García Márquez (titulada: “Yo no vengo a decir un discurso”) y entre las maravillas allí contenidas, me encontré con unas reflexiones en torno a la violencia y la legalización de las drogas. Según el laureado escritor “es imposible imaginar el fin de la violencia en Colombia sin la eliminación del narcotráfico, y no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga, más próspera a cada instante cuanto más prohibida.” Una posición similar ha sido esgrimida por Mario Vargas Llosa en más de una ocasión.  En su artículo titulado “El Otro Estado” sostiene que “el problema no es policial sino económico” y hace suya la posición de los críticos de la estrategia del gobierno mexicano en este campo, quienes sostienen que “es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron.” Según el afamado autor, la solución “consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores.”

2.    La tesis de nuestros grandes literatos es contundente: “No tiene sentido declarar guerras que no se pueden ganar. Cambiemos de estrategia, no peleemos contra los carteles; más bien, quitémosle su razón de ser,  legalizando la droga, y dediquemos los recursos que asignamos en la actualidad a esta guerra -en la que tenemos pocas posibilidades de éxito- a la prevención y a la rehabilitación.”  

3.    Sin embargo, esta tesis no es tan sólida como parece. Primero, no es cierto que sólo debemos pelear aquellas guerras que estamos seguros que no vamos a perder. La historia y la dignidad de los pueblos están llenas de ejemplos (Grau, Bolognesi y Cáceres en el Perú, Vietnam en el este asiático). Al respecto, es importante recordar que el problema no sólo es económico; es sobre todo ético y de salud pública: ¡No podemos abandonar a nuestros jóvenes! Segundo, es necesario analizar la real naturaleza económica del problema. Ésta reside no sólo en el tamaño del negocio de la droga y los ingentes recursos con que cuentan los carteles, sino y, sobre todo, en la estructura de incentivos y castigos que condicionan el comportamiento de los diferentes actores involucrados. (¿Por qué no pensamos en dar incentivos pecuniarios significativos, así como castigos ejemplares, a los agentes del orden involucrados en esta guerra?) Tercero, el problema trasciende fronteras y no puede enfrentarse en un país de manera aislada.

4.    Un acuerdo internacional para despenalizar las drogas es difícil de avizorar; para empezar, no es fácil diferenciar entre países productores y países consumidores (en el Perú, el consumo de drogas va creciendo como un cáncer, mientras que EEUU es uno de los principales productores de marihuana del mundo y un importante exportador de drogas sintéticas). Muchos proponentes de la legalización de las drogas han reconocido tácita o explícitamente que ésta no puede hacerse de manera aislada y, por lo tanto, no es una opción de política realista para un país pequeño y periférico como el Perú. ¿Podríamos, acaso, legalizar la producción, consumo y exportación de cocaína? No quiero imaginarme la reacción del Departamento de Estado norteamericano… ¿Deberíamos, entonces, legalizarla y sólo prohibir su exportación (asegurándonos, así, precios bajos para nuestro cada vez mayor número de drogadictos)?

5.    Claramente, la opción de legalizar las drogas no es una opción realista ni deseable para el Perú. Sin dudas, el problema de la droga es económico, pero es mucho más que esto. Es un problema central para nosotros, un reto de política pública que el siguiente gobierno debería encarar con transparencia, eficiencia y audacia. Por ejemplo, resulta crucial modificar la estructura de incentivos que condiciona el comportamiento de nuestros policías. Asimismo y dado que parte de nuestro problema (no todo) se origina fuera de nuestras fronteras, deberíamos ser capaces de canalizar cientos de millones de dólares al año (suma enorme para nuestro alicaído presupuesto, pero insignificante para los países “consumidores”) a fin de financiar una estrategia moderna e inteligente de lucha contra la producción y el consumo de drogas en el Perú.

EFECTOS INFLACIONARIOS DE LA POLITICA MONETARIA DEL FED

Los titulares de los principales periódicos anuncian noticias muy preocupantes: “Precios de los alimentos en su nivel más alto desde que se tiene registro”; “Precio del petróleo aproximándose a US$ 100/barril con expectativas de mayores precios”; “Precio del oro en niveles de record histórico”.

¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Los chinos se han vuelto más glotones o han cambiado su dieta? ¿Los hindús están comprando masivamente “hummers”? ¿Las damas rusas o brasileñas están usando más joyas? Nada de eso. La respuesta hay que buscarla en la política monetaria del país más grande del mundo y cuya moneda sirve de reserva global.

A lo largo de los últimos 2 años la Reserva Federal se ha embarcado en un proceso de expansión monetaria como nunca antes se ha visto en este país. Durante el 2008-2009 la base monetaria de los EEUU creció en más  del 100% merced al denominado “quantitative easing 1” o QE1. Con el QE1 entre Marzo 2009 y Marzo 2010, la Fed compró US$1.25 trillones en mortgage-backed securities, US$300 billones en U.S. Treasuries y US$200 billones en deudas de agencias (como Fannie Mae y Freddie Mac).  Gracias a la implementación de QE1, la bolsa de Wall Street recuperó parte de su dinamismo (el índice S&P 500 creció 67% en ese periodo), pero la economía real no logró remontar la tasa de desempleo que ronda actualmente el 10%.  Y para el 2011, la Fed ha anunciado una segunda ola de creación de “dinero de alto poder” en lo que se ha denominado “quantitative easing 2 -QE2”.  El QE2 es un recurso poco ortodoxo de política monetaria que apunta a comprar hasta US$ 900 billones de instrumentos de largo plazo mediante la creación de dinero por parte de la Fed, con el propósito de no solo bajar las tasas de corto plazo (que ya están en niveles cercanas a cero gracias a la primera ronda de shock monetario QE1 en la que compró papeles de corto plazo) sino también las tasas largas para promover la restitución del crédito en los EEUU para corporaciones, pequeñas empresas y consumidores en general (el credit channel). Esto va a hacer que la base monetaria de los EEUU vuelva a crecer en más del 25% durante el 2011.

Según los opositores a este “maquinazo” de la Reserva Federal (en su mayoría economistas ligados al ala republicana y a la escuela de Chicago), esta política va a generar inflación y un debilitamiento del dólar en el mercado internacional, y en cambio, no va atacar efectivamente el  problema del alto desempleo que la Fed intenta atacar. En respuesta, los que apoyan a la Fed en su agresiva política monetaria – como Paul Krugman, The Economist y los economistas más ligados al ala demócrata – dicen “ojalá esta medida genere inflación pues ello significaría que el QE2 es efectivo en movilizar la demanda interna.” Resulta obvio que Krugman, Bernanke & cía. tienen en su mente un modelo de Curva de Phillips de economía cerrada en la que “si la política monetaria es inflacionaria ergo reduce el desempleo”. El problema es que QE2 podría generar inflación sin afectar el empleo si lo que hace es generar una burbuja de precios en commodities (alimentos y petróleo sobre todo) que podría generar algún incremento de precios internos en los EEUU – vía importaciones – sin mayores efectos reales.

El tema central es que los bancos de los EEUU están sentados en una montana de liquidez, no requieren más dinero para volver prestar nuevamente. El problema es que las empresas y las familias en los EEUU están aun sobre-endeudados y esta situación no se ha corregido desde que estalló la crisis hace 2 años. El proceso de deleverage va a tomar tiempo y sólo entonces se restituirá el crédito. Esta nueva política de la Fed de crear dinero y dárselo a los bancos en forma masiva a tasas prácticamente de cero, solo genera el incentivo para que los bancos se dediquen a su deporte favorito: timbear en el mercado de futuros de commodities. La reciente ola de crecimiento en los precios de los futuros de commodities, podría estar reflejando el hecho que la Fed está inflando otra burbuja especulativa en el mercado internacional. Algo similar ya sucedió antes: en los doce meses entre julio del 2007 y junio del 2008 cuando el barril de petróleo subió de US$ 60 a US$ 147 a pesar de que la demanda física estaba cayendo producto de la crisis y la oferta mundial estaba al tope de su capacidad. Hacia mediados del 2008, un barril de petróleo era transado 27 veces – en promedio – antes de ser vendido y consumido. Y luego cayó a US$ 33 por barril cuando la burbuja se desinfló.

Aun es muy temprano para evaluar si efectivamente el QE2 podrá dinamizar la economía norteamericana como optimistamente creen sus diseñadores. Lo que sí parece estar produciendo el QE2 es un gran efecto nocivo en el resto del mundo, donde millones de personas pueden caer nuevamente por debajo de la línea de pobreza al no poder consumir el mínimo de calorías requeridas para trabajar y producir, donde muchos países importadores de alimentos y petróleo (algunos de ellos en América Latina) van a sufrir las consecuencias de esta nueva burbuja especulativa. Si algo hemos aprendido en los últimos 50 años es que los shocks monetarios no son gratuitos y pasan siempre la factura con efectos- reales y nominales - muy significativos. Chávez bien podría erigirle una estatua a Bernanke.

15.01.11

Congresistas podrían ser galardonados con Premio Nobel de Anti- Economía

Esta semana se anunció el otorgamiento del Premio Nobel de Economía a los profesores Finn Kydland y Edward Prescott en mérito a sus investigaciones acerca del diseño de las políticas económicas y las fuerzas que determinan los ciclos económicos, a lo largo de una prolífica carrera académica en la que ambos economistas desarrollaron modelos que modificaron la manera de hacer y pensar en la política económica.

En 1977, Kydland y Prescott publicaron uno de sus más célebres artículos llamado “Reglas en vez de Discreción: La Inconsistencia de los Planes Optimos”, en el cual demostraban algo que hoy nos parece una verdad trivial: que los Gobiernos deben basar sus políticas en reglas preestablecidas antes que en políticas discrecionales. En tal sentido, Kydland y Prescott entendieron la importancia que revisten para las autoridades los conceptos de compromiso, credibilidad y reputación. Una vez enterado del galardón, Kydland declaró: “Mucha gente toma decisiones basados en lo que ellos piensan que el Gobierno va a hacer en el futuro... de manera que es importante para los Gobiernos el seguir reglas de forma que la gente pueda tener fe en ellos.”

Kydland y Prescott demostraron que un régimen discrecional en el cual los Gobiernos seleccionan la mejor acción dada la situación prevaleciente, típicamente no resultará en la maximización de los objetivos sociales. En cambio, cuando los Gobiernos basan sus políticas en reglas preestablecidas, la situación económica puede ser mejorada sustancialmente. En un régimen basado en reglas, las autoridades se comprometen en la manera cómo van a ajustar sus instrumentos de política en respuesta de nuevos datos de la realidad o de cambios en las proyecciones. Una vez que la regla está especificada, sus juicios o criterios (de las autoridades) ya no son relevantes en la ejecución de las políticas. Por el contrario, en un régimen discrecional las autoridades no se comprometen de antemano a ningún curso de acción específico y, en cambio, aplican sus juicios y criterios para decidir en cada ocasión qué política es la más apropiada. Para estos autores, una buena política es aquella que es sistemática, predecible, creíble y transparente (los gringos usan además la palabra “accountability” cuya traducción exacta ni siquiera existe en castellano).

Demostraron cómo un Gobierno que, por ejemplo, busca bajar la inflación pero que no puede comprometerse en una política antiinflacionaria creíble, a menudo, inadvertidamente produce mayor inflación. Esto fue lo que llamaron “el problema de la inconsistencia temporal” y se refiere al incentivo que tienen los Gobiernos para anunciar una política y luego hacer otra cosa, apartándose del compromiso inicial. Un ejemplo de esto se da cuando un Gobierno anuncia una política de atracción de inversiones basado en beneficios tributarios con lo cual convencen a los inversionistas. Pero una vez que éstas se han realizado y los inversionistas son “rehenes” de sus propias inversiones, el Gobierno puede decidir que su política óptima consiste en “hacer trampa” renunciando a su compromiso inicial, procediendo a incrementar los impuestos. 

Lo relevante del trabajo de Kydland y Prescott fue mostrar que los agentes privados se dan cuenta de los incentivos o tentaciones que tiene la autoridad  para renegar de sus compromisos y “hacer trampa” en cualquier momento, de manera que los descuentan al momento de tomar sus decisiones, resultando en menores niveles de inversión que los que hubieran resultado si el Gobierno hubiese sido capaz de adherirse estrictamente a sus compromisos y seguido una regla clara de comportamiento. La iniciativa del Congreso para introducir regalías mineras modificando las reglas de juego con las cuales se atrajo a los inversionistas en el pasado, está justamente en las antípodas del pensamiento de estos galardonados economistas.

Kydland y Prescott decían en 1977 lo siguiente: “Sospechamos que agentes racionales no están haciendo inversiones en nuevas fuentes de petróleo en anticipación a que controles de precios serán introducidos en el futuro. Actualmente hay quienes proponen imponer impuestos a las utilidades “excesivas” que están obteniendo las empresas petroleras con el argumento correcto que ello no afectará las decisiones pasadas. Pero agentes racionales anticipan que tales expropiaciones pueden ocurrir en el futuro, y estas expectativas afectan sus decisiones actuales de inversión, reduciendo por tanto la oferta futura de petróleo.” (JPE, 1977, vol. 85 No.3, p. 486).  Parece mentira que hoy – 27 años después – sigamos escuchando propuestas desde el Congreso de “sobre-gravar” a las empresas petroleras o mineras debido a que están gozando de altos precios internacionales.

Cuando el Ministerio de Energía y Minas promulgó el DS 010-2004-EM, lo que intentó fue justamente reducir la discrecionalidad del regulador con el fin de promover un proceso de fijación tarifaria basado mucho más en criterios objetivos, claros y predecibles, antes que en los juicios o criterios del regulador que podrían cambiar en cada momento futuro. El privilegiar la discrecionalidad sobre las reglas le hace daño a todo el sistema eléctrico, pues desincentiva la inversión al incrementar el riesgo regulatorio. Sin embargo, la Comisión de Defensa del Consumidor aboga por devolverle la discrecionalidad al regulador. “La razón por la cual las autoridades no deben tener discrecionalidad no es que sean estúpidos o malévolos, sino que la discreción implica seleccionar la decisión que es la mejor dada la situación vigente. Tal comportamiento resulta en inestabilidad económica.” (JPE, op.cit., p.487)

Si se instaurara el Premio Nobel de Anti-Economía, seguramente la Academia Sueca de Ciencias tendría una ardua tarea para elegir entre los candidatos de nuestro Congreso de la República.



MITOS EN TORNO AL “ANILLO ENERGETICO”

A raíz de la notoriedad que viene registrando el proyecto de Gasoductos del Sur (más conocido como el “Anillo Energético”), se viene esgrimiendo diversos argumentos para oponerse a esta iniciativa. En momentos en que la discusión de la política energética del país viene cobrando un inusitado interés, considero indispensable hacer unas precisiones con respecto a este importante proyecto de integración.

Mito #1: No tenemos reservas suficientes para exportar

Actualmente las reservas probadas de la zona de Camisea (lotes 88 y 56) alcanzan los 10,9 TCF (trillones de pies cúbicos). Adicionalmente, existen 4,4 TCF que están catalogados como reservas probables. La diferencia entre una categoría y otra refleja la probabilidad de poder extraer tal volumen y está íntimamente ligada a la intensidad de los trabajos de perforación realizados en el área. La demanda nacional para los próximos 20 años alcanzará (aún en el escenario más optimista de crecimiento de gasificación) un acumulado de 4,0 TCF. Si se concretara la exportación de LNG a México, habría que comprometer 4,2 TCF adicionales, con lo cual, quedaría un remanente – hoy – de 2,7 TCF. El problema de asumir que nuestras reservas disponibles son sólo 2,7 TCF parte del error de creer que el concepto de reservas es un concepto estático, cuando es realmente dinámico. Las reservas irán creciendo en el tiempo conforme brindemos los incentivos para que venga mayor inversión en exploración. Y no existe mejor incentivo para explorar que saber que existe un mercado donde venderlo. Si cerramos la puerta a la exportación nadie vendrá a explorar porque no tiene sentido encontrar más gas si no hay mercado al cual vender. Hoy día, el lote 56 (Pagoreni) tiene 2,8 TCF probados sólo porque falta perforar más pozos que permitan completar la evidencia que se tiene por medios indirectos (sísmica y simulaciones). El próximo año se inician las perforaciones del lote 56, así como  las operaciones de exploración en los lotes aledaños a Camisea, tanto el lote 57 de Repsol como el lote 58 de Petrobras. En Camisea sólo se han perforado 6 pozos de los cuales 5 resultaron exitosos; esto brinda un coeficiente de éxito del 83% lo cual es realmente extraordinario a nivel internacional. En otras palabras, si no hay más reservas probadas en esa zona es por falta de actividad exploratoria, actividad que se inicia el próximo año y que tendrá como principal aliciente la posibilidad de exportar a otros mercados. El cerrar la posibilidad de exportar gas porque “sólo” tenemos hoy 2,7 TCF disponibles deriva de una visión cortoplacista.

Mito #2: No se está dando prioridad al mercado nacional

Esto tampoco es cierto. El Gobierno tiene claro que la prioridad es el mercado interno, y por ello,  ha anunciado un paquete de 25 medidas para modificar la matriz energética, siendo un ingrediente importante en este esfuerzo, la promoción del uso del gas, tanto a nivel industrial como residencial y vehicular. Se critica a Cálidda por no acelerar la instalación de gas en las industrias y domicilios. Pero lo cierto es que Cálidda enfrenta problemas de diversa índole que limitan su accionar, tales como la negativa de ciertas municipalidades de dar luz verde para que prosiga sus trabajos en la vía pública o el cobro irregular de parte de ciertos municipios a sus vecinos por cada conexión a gas.  El Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas que permitirá acelerar significativamente el proceso de gasificación, ya sea a través del abaratamiento de las conversiones, la eliminación de barreras burocráticas y la introducción de esquemas de financiamiento de conversión de industrias y vehículos, entre otras medidas. Mención especial merece el esfuerzo del Gobierno por llevar el gas de Camisea a otras regiones del país a través de los ductos regionales.

Mito #3: Se quiere vender gas a Chile para que éste lo transforme y nos lo revenda como energía eléctrica

Esta no es cierto. No sólo porque entre Perú y Chile nunca se ha hablado de vender gas a cambio de comprar electricidad, sino además porque esta tesis no resiste el menor análisis. En el Perú, gracias al contrato de licencia de Camisea, las empresas eléctricas gozan de un gas muy barato para generación de electricidad. Si exportáramos gas a Chile, el gas le llegaría a las empresas eléctricas del vecino país a no menos que el doble de precio respecto del gas vendido internamente. En consecuencia, no sería posible importar electricidad de Chile simplemente porque ellos no podrían producir energía más barata que la que podemos producir internamente.

Mito #4: El Anillo Energético compite con el proyecto de exportación de LNG

Esta idea parte de la idea de que no tenemos reservas y, por tanto, o las destinamos a un mercado o al otro. Una vez que entendamos a las reservas como un concepto dinámico y que consideremos a Bolivia como un respaldo de nuestras reservas, esta concepción excluyente deja de tener sentido. Imaginemos este escenario futuro: en unos años más, el Perú está integrado a la red de gasoductos de la región y estamos vendiendo gas al norte de Chile y al norte de Argentina. Además, tenemos la planta de LNG de Melchorita exportando LNG a México. Los futuros trenes de exportación de LNG podrían ser con gas de Bolivia y para ello, ni siquiera sería necesario que se construyera un ducto de Tarija a las costas del Perú. Bastaría con hacer un “swap” (intercambio) de gas, por el cual nosotros entregamos gas de Camisea en México por cuenta de Bolivia y ellos nos entregan gas de Tarija en el norte de Chile o de Argentina por cuenta nuestra, sin que exista transporte físico de moléculas de gas. Este es el tipo de posibilidades que se abren al tener una red interconectada de infraestructura gasífera, permitiendo que los flujos financieros se separen de los flujos físicos, tal como sucede en los mercado eléctricos interconectados.

Mito #5: El único que se beneficia con esto es Chile

Todos los países involucrados en esta iniciativa obtienen beneficios: (i) Perú porque monetiza sus reservas de gas y porque puede llevar el gas de Camisea a la zona sur del país, cosa que sería imposible si no hay una demanda suficiente en el otro extremo del ducto; (ii) Chile porque necesita una alternativa de abastecimiento seguro frente a los combustibles más caros y a los problemas que enfrenta con el gas proveniente de Argentina; (iii) Argentina porque también requiere cada vez mayor abastecimiento de gas y desarrollar la región del Noreste; (iv) Bolivia porque esto va a permitir mayor industrialización del gas y mayores exportaciones a la región y LNG a México a través de puerto peruano; (v) Brasil porque viene enfrentando problemas de abastecimiento en la región Sur y necesita el respaldo de nuevas reservas para consumos futuros; (vi) Uruguay para continuar con la expansión del mercado de gas; (vii) Paraguay para desarrollar la industria de gas y para convertirse en exportador si se confirmaran reservas de gas en la región del Chaco.

El Perú tiene una oportunidad única de convertirse en un protagonista del  futuro energético de la región. La disyuntiva mercado interno vs. exportación es un falso dilema. Tenemos que avanzar decididamente en ambos frente de manera simultánea. El propósito es incrementar nuestras reservas y monetizarlas lo antes posible, porque enterradas no valen nada. Debemos aprovechar nuestra riqueza mientras tiene valor. Como dicen los petroleros: “La era de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras.”

Phelps, Inclusión Social y el Perú de la próxima década

Edmund Phelps acaba de ser galardonado con el premio Nobel de Economía por sus trabajos pioneros acerca de los intercambios (trade-offs) entre inflación y desempleo. En particular mostró cómo las expectativas inflacionarias influyen las decisiones futuras de las empresas y los gobiernos, “profundizando nuestro entendimiento de la relación entre los efectos de corto y largo plazo de la política económica” (citando a la Academia Sueca).

Sin duda, se ha hecho justicia con un economista brillante pero cuyas ideas fueron mejor aprovechadas por otros quienes lograron mayor reconocimiento que el propio Phelps. En 1968, meses antes del famoso discurso de Milton Friedman en la American Economic Association, célebre por ser el primero que cuestionó severamente el paradigma keynesiano hasta entonces predominante, Phelps había publicado un artículo con básicamente las mismas ideas que Friedman hizo públicas y que le dieron mucho mayor reconocimiento (incluyendo el premio Nobel). Otro caso digno de mencionarse es el de Robert Lucas (también premio Nobel) que popularizó un modelo de “islas” en las que los agentes tienen información parcial de lo que sucede en la economía; este modelo había sido desarrollado mucho antes por Phelps, pero al modelo de islas se le conoce como “islas lucasianas”.

En los últimos años, el profesor Phelps ha venido trabajando en temas menos notorios y que tienen que ver con su visión crítica respecto del funcionamiento de las economías de mercado y su preocupación por los trabajadores de baja calificación y bajos salarios.  Para Phelps, el modelo económico occidental está funcionando mal. En la mayoría de los países, existen fuerzas domésticas operando para elevar el desempleo: incrementos en los beneficios al desempleo (welfare), regulaciones onerosas sobre la contratación o despido de mano de obra, excesiva tributación sobre el trabajo y una desaceleración de la tasa de productividad.

En un trabajo de 1997[1], Phelps recuerda que el modelo económico occidental fue inventado por lo que llama “el equipo escocés” – notablemente Smith, Hume y Ferguson – en el siglo XVIII. El primer elemento del modelo era la libre empresa. Cualquiera debía tener libertad para iniciar un negocio privado, así como para cerrarlo o achicarlo sin pagar indemnización. El segundo elemento era un mecanismo de inclusión. Para estos pensadores, existía el axioma moral de que desarrollar una economía en base al principio de la libre empresa carecería de legitimidad si el sistema dejaba mucha gente fuera. Los “escoceses” vieron que existía un imperativo moral de extender la libre empresa a la mayor cantidad de ciudadanos, dejando de lado privilegios y democratizando las oportunidades.

Los seguidores “criollos” del libre mercado de los últimos años consideran que cualquier intervención en los mercados constituye un paso peligroso hacia el control estatal. Ellos quieren mercados absolutamente libres de todo subsidio, toda regulación y de la mayoría de impuestos. En contraste – recuerda Phelps - los escoceses circunscribían las intervenciones del Estado para ayudar a las empresas y ampliar las oportunidades. De hecho, el propio Adam Smith respaldaba muchas funciones del Estado, incluyendo subsidios para la educación privada. Ellos entendían que un gobierno limitado no significa uno que no fuera activista de alguna manera.

Phelps critica las perversiones de muchas economías occidentales. Critica cómo se dejó de lado la importancia del capital privado y se dificultó los despidos para promover firmas ineficientes, para interferir con las decisiones que debían tomar los negocios privados y para expandir los puestos de trabajo públicos  - con la esperanza equivocada de que restándole poder a la empresa privada se incrementaría el empleo y la inclusión. En otros casos, ha habido un miedo a la intervención con subsidios al empleo, a la contratación de mano de obra y otras iniciativas similares que podrían servir como mecanismos para reconstruir la inclusión social.

Para Phelps, la combinación de políticas es la inversa. Primero, se debe liberar a las empresas eliminando restricciones para el capital privado (“privatizar” en un sentido amplio). Ello generará mayor productividad y crecimiento. Pero – alerta – “no creamos que la libre empresa sola podrá reducir el desempleo.” Es necesario hacer una intervención para redireccionar las fuerzas del mercado y ayudar a integrar a los trabajadores menos dotados. Phelps propone crear un subsidio para los empleos de baja remuneración y beneficios tributarios para aquellas empresas que empleen trabajadores de ingresos bajos. Para ello – dice - será necesario convencer a la izquierda que la función esencial del gobierno es operar la maquinaria legislativa, judicial y fiscal, pero no operar la economía. De igual modo, será necesario persuadir a la derecha de que “los subsidios son una de las pocas cosas que un gobierno limitado debe limitarse a hacer.”

Esta preocupación de Phelps por la inclusión social de los trabajadores menos dotados, nos debe estimular a plantearnos cómo enfrentar los retos del Perú de la próxima década. La recomendación de Phelps es clara: hay que fortalecer la economía de la libre empresa y no hay que tenerle miedo a los subsidios focalizados. Libertad económica con inclusión social deben ser las líneas maestras de la conducción económica del Perú en los próximos años.

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[1] / “A Strategy for Employment and Growth: The Failure of Statism, Welfarism and Free Markets” en Rivista Italiana degli Economisti. Año 2, Nº1, 1997.

¿ES ECONOMICAMENTE RENTABLE LA EXPORTACION DE GAS?

Recientemente se ha generado un debate en torno a si la exportación del gas natural de Camisea es una alternativa económicamente sensata o si no sería mejor reservar el gas para su consumo interno. Un elemento que se ha puesto sobre la mesa es un trabajo preparado por el profesor Jenkins de la Universidad de Queens (Canadá) para la ONG Environmental Defense, el cual supuestamente demuestra que exportar gas natural es un negocio muy poco rentable para el país. ¿Realmente es así?

Vale la pena explicarle al lector no iniciado en qué consiste el ejercicio teórico del profesor Jenkins. En términos sencillos el ejercicio consiste en preguntarse:

·     ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo en soles hoy? Respuesta: 189 soles.

·     ¿Cuánto recibe el Fisco por concepto de regalías por exportar gas natural en la cantidad equivalente a 1 barril de petróleo (equivalente para producir la misma energía eléctrica)? Respuesta: 18,27 soles.

·     Entonces ¿cuántos años (n) se necesitan para que esos S/. 18,27 se conviertan en S/. 189 a una tasa de interés (i)?  Es decir, el ejercicio busca hallar n en la relación: 18,27 (1 + i)ⁿ = 189.

Jenkins obtiene valores de n para diferentes combinaciones de precios del petróleo (FV), precios del gas natural (PV) y tasas de interés (i) y muestra cómo los ingresos por exportaciones no compensarían la futura importación de petróleo en muchos años. Por ejemplo, obtiene valores de n para:

a) FV = 60; PV = 1; i = 12%        →       n sería 29 años

b) FV = 60; PV = 1,5; i = 12%     →       n sería 26 años

c) FV = 60; PV = 1,5; i = 5%       →       n sería 59 años

En consecuencia, Jenkins concluye que si existe el riesgo de que el Perú tuviera que importar petróleo para hacer frente a sus necesidades energéticas en los próximos 29 años (digamos en el ejemplo a), no tendría sentido económico exportar el gas hoy, pues los ingresos por exportaciones no compensarían los futuros costos de importar petróleo.

Es importante tener en consideración algunas de las limitaciones del ejercicio del profesor Jenkins:

1.    Asume que el diferencial de precios del petróleo y del gas natural (ambos en soles) se mantendrá en términos reales a los niveles actuales. Se puede modificar datos clave como inflación del Perú, inflación de EEUU o tipo de cambio nominal y no sucede nada con el valor n encontrado.

2.    No toma en cuenta los volúmenes exportados ni la evolución de la demanda interna. Esto es crucial porque si no se consideran los volúmenes involucrados, el ejercicio del valor presente carece de sentido económico y se vuelve un simple ejercicio financiero de precios relativos. Para realizar una adecuada comparación de valores presentes, uno debe comparar precios y cantidades (Pi x Qi), es decir, flujos de ingresos distintos en distintos momentos del tiempo y no sólo comparar precios. Esto es fundamental aquí porque los volúmenes involucrados en los flujos – exportaciones y consumo interno – pueden ser muy distintos.

Esto último resulta muy claro cuando Jenkins establece que si el valor presente  de los ingresos por la venta del gas natural es igual al valor presente del costo de importar una cantidad equivalente de petróleo en 40 años, “entonces si las reservas de gas natural del Perú cubren el consumo doméstico por 50 años, debería exportar gas sólo por 10 años”. Es decir, intercambia años de consumo doméstico con años de exportación como si fueran volúmenes idénticos.

Ahora bien ¿qué sucede si  - utilizando el propio método de Jenkins - en lugar de asumir que en el futuro el país tendría que importar petróleo para sustituir el gas natural exportado para generación eléctrica asumimos que las plantas eléctricas importarían gas natural (que es lo lógico pues ya hicieron la inversión para convertirse a gas)? En ese caso comparamos gas hoy con gas futuro - lo cual tiene más sentido - y para una tasa de i = 12% el ejercicio arroja un n de 8,5 años. Como no existe la más remota posibilidad de tener que importar gas dentro de ese plazo, el ejercicio resulta favorable a la exportación. Es decir, bajo supuestos más realistas, el propio método de Jenkins puede usarse para demostrar que exportar el gas hoy sería inmensamente beneficioso aun si tuviésemos que importar gas en el futuro.

“Tragedia de los Comunes” y Derechos de Propiedad en el Mar

Por mandato constitucional, el Estado debe preservar los recursos naturales que constituyen patrimonio de la Nación y, por tanto, patrimonio de las generaciones futuras. Bajo este contexto, el Estado peruano y, en particular el Ministerio de Pesquería, debe procurar la cautela efectiva de la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos. Hoy en día, el Estado peruano enfrenta un problema acuciante: ¿cómo llevar a cabo la actividad extractiva de la pesca industrial de manera eficiente, promoviendo la sostenibilidad del recurso y la viabilidad de la actividad empresarial?

En la teoría económica del bienestar se denomina “comunes” a cualquier recurso que es compartido por un grupo de individuos. El aire que respiramos y el agua que bebemos son considerados comunes. En muchos casos, la tierra para agricultura, los peces del mar y los bosques madereros son tratados como comunes. La lógica de los comunes es la siguiente: cada individuo tiene el derecho de consumir recursos de los comunes y depredar o verter desperdicios en éstos. Para acumular riqueza, cada individuo cree que puede adquirir una unidad adicional de recursos pero diseminar los costos de sus desperdicios entre todos aquellos con quienes comparte los comunes. Por tanto, las ganancias de cada individuo aparecen grandes mientras que los costos muy pequeños. En la medida que algunos individuos pueden acumular mayor riqueza más rápido que los otros, ello les permite acceder a una mayor participación de los comunes. La falacia en la lógica de los comunes está en la incapacidad de reconocer que todos los individuos están intentando hacer lo mismo. Por tanto, en promedio, una unidad ganada por un individuo produce realmente una unidad de costo para cada individuo. Esta disociación entre lo que percibe el individuo como ganancia y como costo genera que en el agregado se culmine agotando el recurso común y se termine en “la tragedia de los comunes”.[1] Esto se traduce generalmente en ríos contaminados, mares depredados, especies extinguidas y bosques sobre-explotados.

A menudo existe un conflicto entre los intereses individuales y los intereses de la sociedad. El foco de este conflicto yace en que la búsqueda de la ganancia individual de corto plazo se opone a la supervivencia de largo plazo del interés social. En la medida que los sistemas brinden oportunidades para que los individuos persigan el bien individual a expensas del bien común, se generan los incentivos para el colapso del sistema. En el caso de la pesca en el Perú, es claro que el sistema actual de cuota global y vedas biológicas genera incentivos perversos para que en nuestro mar se produzca una “tragedia de los comunes”. La ausencia de derechos de propiedad sobre los recursos que se extraen hace que cada armador realice un esfuerzo por llegar primero a los cardúmenes de peces y capturar lo más que se pueda, pues la cuota es global y la competencia es feroz. De esta forma, los incentivos son claros para invertir en más y mejores lanchas. El problema es que todos los agentes tienen los mismos incentivos y ello se traduce en  una carrera o “derby” por más y mejor infraestructura de captura. Es por eso que hoy tenemos en el Perú un sector pesquero industrial que presenta un exceso de capacidad instalada producto de un proceso de sobre-inversión (y sobre-endeudamiento), que genera menores temporadas de pesca, mayores costos y problemas financieros para las empresas.

Este fenómeno de depredación de los recursos comunes fue estudiado por el premio Nobel de Economía, Ronald Coase. Para Coase, la razón que subyace en estos incentivos perversos que fomentan la contaminación de las aguas o la depredación de los mares, es la falta de derechos de propiedad adecuadamente establecidos. Una vez que se establecen derechos de propiedad bien definidos y fácilmente transables, se arriba a una solución eficiente para la sociedad. Este es el fundamento del llamado “Teorema de Coase”.[2] Mientras no se establezcan derechos de propiedad sobre los recursos hidrobiológicos comunes, la única manera de acortar la brecha existente entre lo que los individuos perciben como “ganancia” y “costo” es establecer normas que minimicen la depredación de los mares e imponer costos efectivos a los individuos que incumplan con estas normas. Es decir, si no se establecen derechos de propiedad en el mar, entonces estamos condenados a mantener un Estado controlista y punitivo.

En la actividad pesquera la solución “a la Coase” es el establecimiento de cuotas individuales de captura por armador y que estas cuotas sean transables libremente. De esta manera, se preserva la biomasa al establecerse una cuota global máxima de captura pero se permite que la decisión de la distribución al interior del gremio de armadores se realice mediante un proceso de libre mercado en el que aquel que quiera pescar más que su cuota, deba adquirir esa cuota adicional a algún otro armador que esté dispuesto renunciar a capturar toda su cuota a cambio de una retribución pecuniaria. De esta manera se autoregula el mercado, haciendo que los más eficientes realicen la actividad extractiva y que aquellos que se saben menos eficientes, se vayan retrayendo de la actividad a cambio de una compensación absolutamente transparente y que refleja el valor de mercado de estas cuotas de captura. Por tanto, si queremos solucionar el problema del sobredimensionamiento de flota, los menores días de las temporadas de pesca, las ineficiencias existentes en la captura y transformación de los recursos hidrobiológicos, debemos propugnar la instauración de un sistema de cuotas de captura individuales y transables.

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[1] Hardin Garret (1968), “Tragedy of the Commons” en la revista Science 162.

[2] Ronald Coase (1960), “The Problem of Social Cost”.

Cargamontón en contra de Camisea

En las últimas semanas se viene observando una campaña de críticas y aseveraciones sin fundamento en contra de Camisea que llama la atención tanto por su virulencia, cuanto por provenir de distintos sectores de la sociedad. ONGs ambientalistas aparecen de la mano con cierto sector de la prensa que irresponsablemente hace eco de afirmaciones sin mayor sustento, campaña a la cual se aúpan algunos líderes políticos y candidatos a diferentes posiciones en el Estado. Golpear a Camisea se ha puesto de moda y pareciera que por esa vía, algunos líderes esperan cosechar aplausos y votos.

Presento a continuación algunas de las falsedades que se vienen diciendo últimamente y que a fuerza de repetirse una y otra vez, parecieran haberse vuelto verdades inobjetables. Pasemos revista rápidamente por algunas de estas afirmaciones carentes de sustento:

Camisea se construyó sin respetar estándares internacionales.- Falso. Pocos proyectos en el mundo han estado bajo tanto escrutinio nacional e internacional como Camisea. En su construcción, se respetaron todas las normas internacionales de construcción de ductos (normas de la American Petroleum Institute- API y de la American Society of Mechanical Engineers- ASME). Además, se contó permanentemente con supervisores externos como Gulf Interestate por parte de la empresa constructora, Stone & Webster por parte del BID y Embridge  Inc. de parte de OSINERG.

Los ductos utilizados en Camisea fueron sobrantes de otros proyectos.- Falso. Todos los ductos fueron construidos y traídos al Perú para este proyecto. Cada pedazo de tubo (de los varios miles de que consta el ducto) tiene un certificado de construcción, fecha de embarque, etc. Las ONGs que han difundido esta información carecen absolutamente de documentación sustentatoria, y sólo tienen como fuente de información “un chisme” de un ex trabajador de la empresa constructora. Existe en TGP un archivo completo de cada pedazo de tubo, así como radiografías de cada una de las más de 120,000 soldaduras realizadas en el tubo por soldadores certificados. La teoría de que los tubos fueron reciclados de otros proyectos, que vinieron al Perú con un alto proceso de corrosión y que se soldaron en forma deficiente por parte de soldadores no certificados, y que además todo esto pasó a vista y paciencia de las empresas supervisoras, no resiste el menor análisis.

Los recientes derrames en la selva han causado graves consecuencias en la salud de la población.- Falso. Hemos visto en la televisión “acuciosos” reportajes que muestran niños con graves lesiones en la piel, quemaduras y llagas que son supuestamente producto de los derrames de líquidos de gas natural. Lo que no han mostrado es a algún médico de prestigio que confirme la causalidad entre estas lesiones y los derrames sucedidos. Los líquidos de gas natural son muy similares a la bencina y nadie se quema por estar en contacto con una cucharada de bencina en una tina llena, que es aproximadamente la proporción entre los volúmenes derramados y los caudalosos ríos de la selva peruana.

A causa del contrato de Camisea, el GLP en el Perú es el más caro de Sudamérica, más caro incluso que en Chile que no es productor.- Falso. Por el contrario, justamente desde la llegada de los líquidos de Camisea el precio interno del GLP se ha reducido en 12% mientras que todos los demás combustibles han sufrido incrementos producto del alza en los precios internacionales del petróleo. Lo de Chile es emblemático: no sabemos de dónde salió esta información, pero se repite una y otra vez. Lo cierto es que el precio del GLP en el Perú es 35% menor que en Chile, es decir, un balón de 10 kg. en Santiago costaría 41 soles frente a los 32 soles promedio de Lima.

Se ha producido un quinto derrame en estos días.- Falso. OSINERG ha corroborado la inexistencia de un quinto incidente en los ductos de Camisea al visitar y supervisar las operaciones en el centro de control de Lurín. Sin embargo, este falso incidente generó incluso amenazas de paros y acciones de fuerza por parte de autoridades regionales que se apresuraron a darle crédito a un rumor falso.

Con la exportación de gas el país va a perder millones de ingresos en términos de regalías.- Falso. Esto ha sido demostrado hasta la saciedad en cuanto foro hemos participado y en el propio Congreso de la República. Si hoy exportáramos gas natural a México, el ingreso por regalías para el Perú sería el doble que lo obtenido en el mercado nacional.

Se está privilegiando exportación de gas, eso explica el lento avance en las conexiones domiciliarias y las bajísimas proyecciones de consumo doméstico del Gobierno.- Falso.  Se requiere 4,2 trillones de pies cúbicos (tcf) para exportar gas a lo largo de 20 años. El consumo domiciliario en ese mismo periodo se ha proyectado en 0,1 tcf. Aún si hiciéramos un esfuerzo por duplicar o triplicar las conexiones llegaríamos a 0,2 ó 0,3 tcf. Afirmar una cosa así implica no tener idea de las magnitudes involucradas. Con respecto a las proyecciones oficiales, éstas asumen que dentro de 20 años el Perú consumirá 900 millones de pies cúbicos al día. Colombia – que a menudo se pone como ejemplo de exitosa penetración del gas – alcanzó un consumo de 600 millones de pies cúbicos después de 20 años, de manera que nuestras proyecciones implican un ritmo de penetración más rápido que en Colombia.

Una cosa es criticar con fundamento, y otra muy diferente, es participar en una campaña mediática plagada de mentiras en contra del proyecto energético más importante de la historia del Perú.

ELIMINANDO LA GARANTIA POR RED PRINCIPAL (GRP): ¿SE BENEFICIA A LOS CONSUMIDORES?

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso está presentando un proyecto de ley para eliminar la Garantía por Red Principal (GRP) que se paga al operador del ducto de Camisea y que constituye un recargo de aproximadamente el 7% en las tarifas eléctricas que pagamos todos los usuarios eléctricos del Sistema Interconectado Nacional. 

Mucho se ha venido diciendo en contra de la GRP, aunque la mayoría de los argumentos parten de un desconocimiento de qué es y cómo funciona esta garantía. Podemos citar entre ellos: (i) “se abona un monto por un servicio que no se recibe”; (ii) “es un subsidio a TGP para financiar un tubo del cual no nos beneficiamos”; (iv) “es un impuesto encubierto para financiar a la empresa privada”, entre otras. La realidad es la siguiente:

La Garantía por Red Principal se creó al amparo de la Ley N° 27133 y es un mecanismo muy ingenioso por el cual se crea la ficción de que el tubo de gas está “semi-lleno” para así pagar menor tarifa de transporte. En los primeros años de operación de Camisea, al no existir un mercado desarrollado de gas, la demanda no era suficiente para utilizar el ducto a plena capacidad, lo cual generaba que las tarifas de transporte resultasen elevadas e impidieran el crecimiento del mercado de gas en el Perú. En consecuencia, bajo consideraciones puramente económicas la construcción del ducto de Camisea era inviable.

Dada esta situación, fue necesario idear este mecanismo que permite fijar las tarifas “como si” el ducto de gas estuviera trabajando a su capacidad normal, a fin de que la tarifa de transporte en los primeros años no sea tan elevada y facilitar el crecimiento del mercado del gas natural. Sin este mecanismo la tarifa de transporte de gas en los primeros años hubiera tenido que ser mucho más alta, imposibilitándose así el uso de gas natural para la generación de electricidad, con lo que los usuarios eléctricos no se hubieran beneficiado con menores tarifas eléctricas.

De esta manera, el contrato le garantizó al concesionario un volumen mínimo de transporte de 380 MMPCD (millones de pies cúbicos por día) para los primeros 7 años y 450 MMPCD a partir del octavo año hasta el final del periodo de recuperación del costo del servicio, a fin de poder establecer una tarifa de transporte relativamente reducida - y estable - y que además permita al inversionista recuperar sus inversiones y mantener el servicio de transporte.

En la medida que el volumen real transportado resulte menor que la capacidad garantizada (aquella que sirve para calcular la tarifa de transporte),  el concesionario tiene derecho a que se le pague por la diferencia no transportada. A este pago se le denominó “Garantía por Red Principal”.  Por ejemplo, si el volumen real transportado en un año resulta ser de 100 MMPCD, la GRP cubre el costo del transporte de los 280 MMPCD restantes. La GRP disminuye en la medida que el volumen real transportado aumenta. De acuerdo a estimados oficiales, la GRP se extinguiría hacia el año 2015 o incluso antes si se logra exportar gas licuefactado.

¿Por qué la pagan los usuarios eléctricos? La razón es muy sencilla: son los principales beneficiados con la llegada del gas. Camisea se encuentra en el cálculo tarifario desde hace más de 5 años, permitiendo que los usuarios eléctricos de todo el país se beneficien incluso desde mucho antes de su inicio de operaciones.

Sin la GRP, Camisea no hubiese sido posible. Gracias a Camisea, los usuarios eléctricos han visto reducir su facturación en US$ 1,250 millones en los últimos 4 años y medio. Lo que estos mismos usuarios han pagado en GRP  hasta hoy promedia los US$ 250 millones. De manera que el pago de la GRP, lejos de ser un sobrecosto para los usuarios eléctricos, les ha generado un beneficio neto del orden de US$ 1,000 millones en los últimos años. De hecho, si hoy cerráramos Camisea, las tarifas eléctricas de generación (la llamada “tarifa de barra”) que pagamos en el Perú subirían al doble.

Ahora la Comisión de Defensa del Consumidor quiere eliminar la GRP. ¿Cuál sería el efecto de esta propuesta? Todos terminaríamos pagando más. Para el año 2006, los usuarios eléctricos pagarán US$ 79 millones por concepto de GRP; pero si se eliminara la garantía, las tarifas eléctricas subirían en US$ 146 millones debido a que el transporte de gas para la generación eléctrica sería mucho más caro (debido a la realidad de un tubo semi-vacío). En consecuencia, la relación beneficio/costo para el año 2006 sería de 1,85 veces  (146 vs. 79). Más aún, para todo el periodo de concesión, en términos de valor presente, los usuarios eléctricos tendrían que pagar unos US$ 1,711 millones de mayores tarifas eléctricas si se eliminara la GRP, versus un pago de US$ 394 millones por concepto de GRP, esto es, acabaríamos pagando 4,3 veces el supuesto “ahorro” de la GRP.

En estas circunstancias, cabría decirle a quienes supuestamente defienden los intereses de los consumidores: “no me defiendas compadre”.

¿Fortaleciendo Petroperú?

En medio del debate electorero que propició la llamada “Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú” y ante las exaltadas reacciones de uno y otro lado del debate, permítanme brindarles una opinión lo más objetiva posible en mi calidad de responsable del subsector energía, ex director de Petroperú y ex funcionario del MEF. El hecho de conocer los dos “monstruos” por dentro - Petroperú y el MEF - me permite evaluar la reciente ley desde una perspectiva distinta.

Debe quedar absolutamente claro que Petroperú ha entrado a una etapa crítica de su vida como empresa. O invierte en modernizarse o se le condena a su desaparición. El 1° de enero del 2010 deberá tener en funcionamiento una planta de desulfurización para producir diesel de bajo contenido de azufre o simplemente no podrá vender diesel (su producto más importante) en el país. Hace años que escuchamos acerca de la necesidad de modernizar Talara; pues bien, o se inicia este proceso hoy o mejor cerremos Petroperú.

La Ley recientemente aprobada contiene distintos aspectos a comentar:

1.    Sacarla de las normas de Consucode.- Esto es positivo. Petroperú tiene tantas trabas para comprar insumos y combustibles terminados que continuamente pierde oportunidades de negocio importantes y, por tanto, no puede competir con la empresa privada (Repsol). Resulta increíble que Petroperú no haya podido acceder a los líquidos de Camisea (diesel y GLP) que vende Pluspetrol en Pisco por problemas con las normas de Consucode. De igual modo, siendo Petroperú el comprador natural del GLP de la planta criogénica de Petrotech en Talara, nunca pudo comprarle a su vecino por las absurdas restricciones de Consucode (como exigir fianzas al vendedor). Las normas de Consucode están pensadas para regular las compras de lapiceros de los Ministerios, no para compras de empresas productoras. A menudo las oportunidades se presentan y se requiere tomar decisiones inmediatas. Esta libertad sí la tiene la empresa privada, pero mientras Petroperú intenta cumplir con las engorrosas exigencias de las normas de contratación del Estado, pierde toda oportunidad de competir en igualdad de condiciones.

2.    Sacarla del ámbito de FONAFE.- FONAFE es quien dicta las políticas generales de la actividad empresarial del Estado. Pueden resultar incómodas pues norman aspectos como las escalas salariales, la política de dietas de los directores y los presupuestos de la entidad, pero son necesarias para llevar un adecuado control de las empresas del Estado. Uno podría estar en desacuerdo con ciertas políticas del FONAFE y aún creo que cabría repensar el rol empresarial del Estado y la gestión del FONAFE, pero sacarlo de su ámbito para evitar controles, no parece lo más adecuado. Además ¿quién va a ser ahora el titular de las acciones de la empresa?

3.    Excluirla del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).-  – Hay que reconocer que los amigos del SNIP se deben contar entre los funcionarios menos “queridos” del aparato estatal. No creo que exista nadie que labore en el sector público y que haya requerido aprobar proyectos en el SNIP que no haya sentido frustración y enfado al toparse con esta verdadera pared burocrática. Pero hay que reconocer que el SNIP cumple una tarea fundamental: evitar que los escasos recursos públicos se despilfarren o malgasten en proyectos sin pies ni cabeza. Sólo nos queda aplaudir cuando el SNIP le dice NO a la compra de camiones cisterna por parte de Petroperú (cuando en el país sobra capacidad de transporte) o cuando evita obras sobredimensionadas de infraestructura. Pero la solución no es sacarla del SNIP, sino modificar el SNIP para que sea más ágil y eficiente. Lo otro es abrir la puerta a proyectos de dudosa racionalidad económica y al despilfarro de los escasos recursos públicos.

4.    Ampliar su ámbito de acción.- La norma propone el regreso de la empresa a actividades de exploración, explotación y hasta su incursión en petroquímica. Uno podría aceptar la idea de que es importante la integración vertical en las empresas petroleras (campo y refino), pero de ahí a realizar exploración de alto riesgo con el dinero de todos los peruanos o construir plantas de amoniaco o fertilizantes, hay un abismo. Antes de gastar 35 millones de dólares en un pozo seco (como el de Oxy el año pasado) preferiría dárselos a la Dra. Mazetti quien estoy seguro haría maravillas con ese dinero.

5.    Sacarlo del endeudamiento público.- Mientras Petroperú sea una empresa del Estado, sus deudas son endeudamiento público. Le pueden llamar como quieran, pero si la empresa es del Estado entonces su deuda forma parte del endeudamiento público, pues así mandan los normas internacionales de contabilidad pública. Y punto.

6.    Fusión con PERUPETRO.- PERUPETRO ha venido desarrollando su tarea de promoción petrolera con gran éxito. El año pasado batió record de contratación petrolera ¿y cómo se le retribuye? desapareciéndola. La empresa petrolera del Estado no puede ser la entidad pública que actúa en nombre de la Nación como concedente de los recursos hidrocarburíferos. Tiene que ser una entidad autónoma y equidistante de todas las empresas petroleras, incluyendo la estatal, no puede ser ella misma. La aprobación de esta fusión es una aberración conceptual.

En conclusión, urge que Petroperú realice las inversiones necesarias en Talara, pero esta Ley no garantiza ni eficiencia ni uso adecuado de recursos.