LOS SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO: UNA BOMBA DE TIEMPO SIN RESOLVER por Juan M. Cayo

Si algo bueno hay que reconocerle al gobierno de Fujimori es que se encargó de brindar los incentivos necesarios para atraer buenos profesionales al sector público. La herramienta utilizada fue el famoso Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) administrado por el PNUD y que permitió pagar sueldos de mercado – y en algunos casos incluso superiores – a muchos calificados funcionarios. Los resultados no se hicieron esperar: las profundas reformas económicas de mediados de los 90’s no hubieran sido posibles si no se hubiera contado con un grupo selecto de funcionarios eficientes, bien formados y “con camiseta”. Recordemos que el Estado Peruano se maneja con no más de 500 personas en puestos clave (entre Ministros, Viceministros, Directores Generales, Reguladores, SBS, BCR, SUNAT, Pro Inversión y un selecto grupo de asesores).  

En los 90’s se creó una generación estupenda de funcionarios públicos jóvenes y comprometidos con el país y que resultaron fundamentales para ejecutar una reforma estructural a lo largo y ancho de todo el Estado (los Zavala, Naranjo, Blume, Ferrero, Guerra-García, Teullet, por nombrar algunos pocos). En muchos otros casos, el sector público fue capaz de atraer a destacados profesionales para brindar apoyo temporal a la gestión del Estado (recordemos a los Valderrama, Carranza, Paredes, Peschiera, por nombrar algunos) y que pusieron su cuota de eficiencia y empeño en la tarea de reconstruir instituciones y reformar un aparato del Estado obsoleto e inoperante.

El problema con este régimen del PNUD es que creó una “elite” en el sector público. Mientras 500 funcionarios ganaban sueldos bastante altos (un Viceministro o un alto asesor ganaba unos US$ 12,000 al mes, y un Director General unos US$ 10,000 por mes a fines de los 90’s), el grueso de los empleados públicos mantenía una situación de sueldos muy bajos - aunque hay que reconocer que ello generalmente también reflejaba una muy baja productividad. Además, el FAG era un régimen “no laboral”, pues en teoría no había nexo laboral con la entidad con la que se trabajaba, sino era más bien un sistema de “servicios no personales” (¿es que hay algo más personal que laborar 12 horas al día?), sin beneficios laborales de ninguna clase, ni seguro, ni CTS, ni vacaciones.  En suma, si bien el nuevo sistema revaloró la función pública y permitió llevar a cabo una reforma a gran escala, tuvo el inconveniente de  generar un desorden y una desigualdad al interior del Estado que había que resolver en algún momento.

Fujimori debió arreglar este desorden remunerativo y no lo hizo. Toledo pudo hacerlo pero tampoco lo hizo. García también no solo perdió la oportunidad de resolver el tema sino que lo agravó al eliminar casi por completo el uso del FAG y decretar el recorte sustancial en los sueldos de esta “elite” en el 2006. El problema es que está pasando el problema de gobierno a gobierno como una papa caliente y se va convirtiendo en una bomba de tiempo que nadie se atreve a resolver.

La reducción de sueldos ha causado que mucha gente valiosa saliera del sector público (los Kapsoli, Iwasaki, Von Hesse, Byrne, Laub, Pascó-Font, Prialé, entre muchos otros) y que sea cada vez más difícil encontrar reemplazos con similares aptitudes. Pero no sólo se pierde gente valiosa, con “camiseta” y conocimientos. Se pierde también parte de la memoria institucional. Uno le podía preguntar a María Lila Iwasaki acerca de los antecedentes de casi cualquier tema y siempre encontrar una respuesta precisa de cómo era antes, como era entonces y por qué se modificó.

Para colmo de males, ahora se pretende que este recorte de sueldos alcance también a esas “islas” que aún quedan en el Estado (BCR, SBS, reguladores). Pregunto: ¿de donde van a sacar los nuevos Rossinis, Quintanillas, Cantas, Poggis, Hirschs, Gallardos, etc.? Hay que poner un alto a este despropósito y tomar el toro por las astas.

Aquí va una propuesta. Todas las iniciativas que se han venido debatiendo con respecto de las escalas salariales del sector público – incluyendo la llamada “Ley Pease” que fue acaso el único intento concreto de poner orden a este caos – parten de un principio equivocado: que el Presidente debe ser el funcionario mejor pagado del Estado y que de ahí para debajo se deben establecer los sueldos de funcionarios. Como el principio es que “nadie puede ganar más que el Presidente” y como el Presidente en un acto político se ha rebajado el sueldo, entonces estamos atrapados en un callejón sin salida.  El próximo gobernante tendría necesariamente subirse el sueldo para poder “jalar” el resto de la estructura pública y eso no es políticamente correcto en un país con tanta desigualdad salarial. Pero este principio está errado y habría que eliminar ese obstáculo a la racionalización de sueldos públicos.  Propongo en cambio que al Presidente se le fije un sueldo simbólico de un (01) sol - y ojalá pudiera hacerse una enmienda constitucional al respecto- y con ello se deja las manos libres para establecer sueldos competitivos para el resto de funcionarios agrupados en 7 u 8 categorías con mecanismos de ascenso y aumentos en base a meritocracia. El Estado cubre todas las necesidades básicas del Presidente (casa, comida, transporte, ropa y hasta los colegios de sus hijos podrían salir perfectamente de la partida presupuestaria de la Presidencia), no necesita de un sueldo para vivir. Además, nadie quiere ser Presidente por el sueldo…  Acabemos con este prurito de que el Presidente debe el funcionario mejor pagado y nos habremos liberado al fin para hacer una reforma integral de la escala salarial del aparato público. El Estado no soporta cinco años más de desorden y de pérdida de capital humano.

Para terminar, quiero citar a Nouriel Roubini quien en su último libro “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance” hace referencia a los riesgos de contar con reguladores con bajos sueldos y como esto habría contribuido también a la crisis financiera.

Regulators also deserve better compensation. Look at the facts: until recently, the SEC was one of the worst-paid agencies in the entire federal government. While how much salaries can be raised is obviously limited, the people charged with overseeing the stability of the global financial system should reasonably be paid more than a receptionist at Goldman Sachs.