La reciente certificación de las reservas probadas de Camisea y Pagoreni (lotes 88 y 56) por parte de la firma certificadora Gaffney, Cline & Asociados (GCA) situándolas en 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) ha despertado un nuevo debate acerca de la conveniencia de la exportación de gas natural y no faltan – por supuesto - las voces alarmistas que advierten la inminencia de una crisis y la necesidad de renegociar el contrato de exportación y hasta dejarlo sin efecto. No voy a hacer uso de esta tribuna para justificar las razones que nos llevaron en su momento a promover el proyecto de exportación de gas natural. Pero es importante aclarar a la opinión pública algunos temas relevantes en torno al proyecto de Camisea y - más importante aún - acerca de la política gasífera del Perú.
El concepto de reservas probadas no es un concepto estrictamente físico, sino que más bien contiene un fuerte ingrediente comercial. Por eso, el reporte de GCA pasa revista de todos los contratos firmados y por firmar del Consorcio de Camisea. Para que una reserva sea calificada como “probada” no basta que exista el gas en el yacimiento, sino que debe contar con contratos firmados o por firmar, en condiciones de mercado económicamente razonables y dentro de un horizonte temporal razonable (unos 5 años). En términos probabilísticos, se le asigna una probabilidad del 90% a que los volúmenes a ser extraídos y vendidos superarán este nivel. De acuerdo a GCA, las reservas probadas sumadas de los lotes 88 y 56 totalizan 8.8 TCF. El informe también señala que existe un adicional de 2.2 TCF que representan reservas probables. A éstas últimas se le asigna sólo un 50% de probabilidad de que los volúmenes extraídos y comercializados puedan resultar mayores a lo estimado. Finalmente, las reservas recuperables son la proporción de hidrocarburos que se puede recuperar de un yacimiento empleando técnicas existentes, es decir, esta es una medida de índole más físico que comercial. El informe de GCA brinda tres escenarios probabilísticos para las reservas recuperables: 10.2 TCF en su estimado bajo, 13.0 TCF en su “mejor” estimado y 14.7 en su estimado alto.
¿Qué significa todo este enredo de cifras? En términos sencillos, que los yacimientos de Camisea tienen reservas seguras para comprometer hasta por 8.8 TCF aún cuando existe evidencia de que habría más gas y que se podría extraer al menos 2 TCF adicionales. Pero el mensaje es claro: urge acelerar la prospección y la perforación en toda el área circundante a Camisea y en los propios lotes 88 y 56 para convertir estas reservas “probables” en “probadas” y declarar nuevos hallazgos comerciales en el corto/mediano plazo. Este es un aspecto fundamental: lo que falta en Camisea no es gas, lo que falta es mayor actividad exploratoria para obtener mayores niveles de certidumbre respecto de la cuantificación y comerciabilidad de este gas. El concepto de reservas es un concepto muy dinámico, a más exploración y perforación de pozos en prospectos identificados, mayores serán los niveles de reservas probadas y probables.
Cuando se firmaron los contratos de exportación de gas, en el Ministerio de Energía y Minas se manejaba un estimado de reservas probadas del orden de 10.9 TCF, lo cual frente a una demanda nacional proyectada para los próximos 20 años de 4.0 TCF (en el escenario más optimista de crecimiento del mercado de gas), hacían razonable promover un proyecto exportación que involucraba 4.2 TCF de gas natural en 18 años, que se esperaba indujera un renovado interés por explorar la selva en busca de más hidrocarburos y que iba a generar US$ 2,500 millones de inversión en el país. Hoy, la situación ha cambiado significativamente: la demanda nacional para los próximos 20 años se estima en 8.6 TCF (incluyendo 1.0 TCF para la petroquímica), lo que unido a los 4.2 del proyecto de exportación, hace la situación de reservas muy apretada (deficitaria en realidad) a la vez que la actividad exploratoria en la selva no ha observado la dinámica esperada.
¿Qué puede hacer el Estado Peruano en las actuales circunstancias? Hay fundamentalmente dos caminos: (i) el del alarmismo que implica renegociar/suspender el contrato de exportación; (ii) el de la serenidad que implica sentarse con todos los agentes involucrados e iniciar inmediatamente una actividad perforatoria muy intensa en toda el área de Camisea y lotes circundantes.
El camino del alarmismo tiene el riesgo de hacer transitar al Perú por el camino ya transitado por Bolivia y por Argentina, ambos convertidos en parias internacionales para efectos de inversión gasífera. El caso de Bolivia es muy interesante. Cuando Bolivia firmó sus acuerdos de exportación con el Brasil, sus reservas probadas eran de sólo 6 TCF (menores que Camisea) y en un plazo de 5 años éstas subieron a más de 50 TCF gracias a una actividad exploratoria intensa atraída por la posibilidad de exportar y monetizar esta inmensa riqueza. Los problemas derivados de la nueva política gasífera del Presidente Morales, su negativa a exportar gas a Chile y la falta de inversión en el sector, han convertido a Bolivia en importador de GLP (cosa impensable años atrás) y sus reservas probadas se han reducido hasta 19 TCF pues aún cuando su riqueza gasífera está enterrada en el subsuelo, no existe ninguna certidumbre de que puedan comercializarla en un plazo razonable como para ser consideradas “reservas probadas”.
Argentina es el otro caso paradigmático de cómo no hacer las cosas en materia energética. El problema es que nos estamos pareciendo cada vez más a ellos. En Argentina, el gobierno populista de Kirchner impuso un precio tan bajo al gas que la demanda creció desmesuradamente y cuando empezó a avizorarse que la oferta disponible no alcanzaba, optó con racionar y finalmente suspender los contratos de exportación que tenían con Chile. En el Perú, la renegociación de la fórmula del precio del gas ha llevado al gas a un precio tan bajo (particularmente en el caso de la generación eléctrica) que se ha fomentado un consumo que crece exponencialmente y que se utiliza de manera poco eficiente (ciclos abiertos) a la vez que se ha imposibilitado el desarrollo de fuentes alternativas y abundantes de energía como la hidroeléctrica que no puede competir con un precio de gas tan barato. Sólo faltaría suspender el contrato de exportación de gas con México para imitar la pésima política energética argentina, que no sólo ha convertido a este país en un paria energético, sino que además ha demostrado que los contratos internacionales no tienen valor y ha vuelto más difícil el anhelo de la integración energética en la región sudamericana.
El camino de la serenidad implica fundamentalmente dos cosas: (i) apurar a Repsol (lote 57), Pluspetrol (lote 56) y Petrobras (lote 58) a realizar sus labores de perforación inmediatamente para incrementar las reservas probadas de gas y (ii) establecer claramente en qué consiste la política energética del país y empezar a tomar las decisiones que los agentes y operadores están esperando desde hace ya bastante tiempo.
Han pasado más de 3 años desde la firma de los contratos de exportación de gas natural y la actividad exploratoria en la zona de Camisea no ha tenido la dinámica esperada cual fue uno de los objetivos del proyecto de exportación. Se estima que el Lote 57 tendría 2 TCF de acuerdo a los primeros estimados derivados de los estudios de prospección realizados por Repsol. El lote 58 de Petrobras también tiene un enorme potencial y cuenta con estructuras gasíferas identificadas aún no perforadas. Pero mensajes contradictorios respecto de renegociación o cancelación de contratos hacen poco por inducir a los agentes a incrementar su actividad exploratoria. Repsol sabe que no podrá cumplir con su proyecto de exportación si no descubre mayores reservas de manera que ellos deberían ser los principales interesados en desarrollar actividad exploratoria en su lote aledaño a Camisea.
Hoy más que nunca se requiere de serenidad y liderazgo desde el Estado que indique hacia dónde vamos a ir en materia energética y que brinde señales claras de cuál será el camino que seguirá el desarrollo futuro del país. ¿Dónde se ubicarán finalmente los polos petroquímicos? ¿Cómo se promoverá la generación hidroeléctrica? ¿Cómo se revertirá la distorsión de precios del gas natural? ¿Qué medidas tomará el Estado para hacer económicamente viable el gasoducto del sur? ¿Cómo se promoverá el desarrollo de fuentes no convencionales de energía? Estas son preguntas que hace tiempo el Estado debió responder y que mientras más se demore y se deje persuadir por las voces del alarmismo y el revisionismo, más se parecerá el Perú a Bolivia y Argentina.
Cuando se firmaron los contratos de exportación de gas, en el Ministerio de Energía y Minas se manejaba un estimado de reservas probadas del orden de 10.9 TCF, lo cual frente a una demanda nacional proyectada para los próximos 20 años de 4.0 TCF (en el escenario más optimista de crecimiento del mercado de gas),
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