1. Estuve leyendo una grata y recién publicada recopilación de discursos de Gabriel García Márquez (titulada: “Yo no vengo a decir un discurso”) y entre las maravillas allí contenidas, me encontré con unas reflexiones en torno a la violencia y la legalización de las drogas. Según el laureado escritor “es imposible imaginar el fin de la violencia en Colombia sin la eliminación del narcotráfico, y no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga, más próspera a cada instante cuanto más prohibida.” Una posición similar ha sido esgrimida por Mario Vargas Llosa en más de una ocasión. En su artículo titulado “El Otro Estado” sostiene que “el problema no es policial sino económico” y hace suya la posición de los críticos de la estrategia del gobierno mexicano en este campo, quienes sostienen que “es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron.” Según el afamado autor, la solución “consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores.”
2. La tesis de nuestros grandes literatos es contundente: “No tiene sentido declarar guerras que no se pueden ganar. Cambiemos de estrategia, no peleemos contra los carteles; más bien, quitémosle su razón de ser, legalizando la droga, y dediquemos los recursos que asignamos en la actualidad a esta guerra -en la que tenemos pocas posibilidades de éxito- a la prevención y a la rehabilitación.”
3. Sin embargo, esta tesis no es tan sólida como parece. Primero, no es cierto que sólo debemos pelear aquellas guerras que estamos seguros que no vamos a perder. La historia y la dignidad de los pueblos están llenas de ejemplos (Grau, Bolognesi y Cáceres en el Perú, Vietnam en el este asiático). Al respecto, es importante recordar que el problema no sólo es económico; es sobre todo ético y de salud pública: ¡No podemos abandonar a nuestros jóvenes! Segundo, es necesario analizar la real naturaleza económica del problema. Ésta reside no sólo en el tamaño del negocio de la droga y los ingentes recursos con que cuentan los carteles, sino y, sobre todo, en la estructura de incentivos y castigos que condicionan el comportamiento de los diferentes actores involucrados. (¿Por qué no pensamos en dar incentivos pecuniarios significativos, así como castigos ejemplares, a los agentes del orden involucrados en esta guerra?) Tercero, el problema trasciende fronteras y no puede enfrentarse en un país de manera aislada.
4. Un acuerdo internacional para despenalizar las drogas es difícil de avizorar; para empezar, no es fácil diferenciar entre países productores y países consumidores (en el Perú, el consumo de drogas va creciendo como un cáncer, mientras que EEUU es uno de los principales productores de marihuana del mundo y un importante exportador de drogas sintéticas). Muchos proponentes de la legalización de las drogas han reconocido tácita o explícitamente que ésta no puede hacerse de manera aislada y, por lo tanto, no es una opción de política realista para un país pequeño y periférico como el Perú. ¿Podríamos, acaso, legalizar la producción, consumo y exportación de cocaína? No quiero imaginarme la reacción del Departamento de Estado norteamericano… ¿Deberíamos, entonces, legalizarla y sólo prohibir su exportación (asegurándonos, así, precios bajos para nuestro cada vez mayor número de drogadictos)?
5. Claramente, la opción de legalizar las drogas no es una opción realista ni deseable para el Perú. Sin dudas, el problema de la droga es económico, pero es mucho más que esto. Es un problema central para nosotros, un reto de política pública que el siguiente gobierno debería encarar con transparencia, eficiencia y audacia. Por ejemplo, resulta crucial modificar la estructura de incentivos que condiciona el comportamiento de nuestros policías. Asimismo y dado que parte de nuestro problema (no todo) se origina fuera de nuestras fronteras, deberíamos ser capaces de canalizar cientos de millones de dólares al año (suma enorme para nuestro alicaído presupuesto, pero insignificante para los países “consumidores”) a fin de financiar una estrategia moderna e inteligente de lucha contra la producción y el consumo de drogas en el Perú.
Partamos de la constatación de una realidad: la situación es el peor escenario posible. No solo la actual “estrategia” contra las drogas ha fracasado (no ha logrado sus objetivos de bajar la demanda ni la oferta) sino que ha impuesto altísimos costos sobre los países consumidores y los países productores, amén de haber generado un negocio hiperlucrativo para beneficio de los traficantes con terribles consecuencias sobre la gobernabilidad y la violencia en los países productores. Una política que tiene altos costos y baja - o nula - eficacia no es sostenible. El problema de la droga es un asunto de salud pública y como tal debe ser tratado. En cambio, los gobiernos han optado por entregar la responsabilidad de atender ese problema a la escoria de la sociedad (los narcos). El escenario alternativo tendría beneficios tangibles: (i) el fin de la mafia de la droga con todas las externalidades positivas que eso trae; (ii) el adecuado cuidado en la calidad del producto; (iii) el fin de la criminalización de millones de campesinos en los países productores; (iv) el manejo del abastecimiento desde entidades públicas, con precio regulado (mucho más bajo que el actual), impuestos y demás cuidados; (v) recursos para prevención y recuperación de drogadictos (hoy están prácticamente por su cuenta). ¿Cuál es el costo de este escenario? Más drogadictos, si es muy probable. Pero aun este costo sería mucho menor que los beneficios obtenidos y esta nueva estrategia sería mucho mejor que la desastrosa situación actual. Nuestro amigo Norman Loayza ha publicado un libro muy interesante y documentado a este respecto (se llama “Innocent Bystanders: Developing Countries and the War on Drugs”, Norman Loayza & Phili Keefer eds. World Bank 2010). La conclusión es clara: legalizar y controlar es – de lejos – la mejor opción. Lamentablemente, es casi imposible tener un debate serio de ideas en este tema con tanto fanático moralista que anda suelto.
ReplyDeleteArgumentos sólidos y rápidos Juan Miguel!
ReplyDeleteNunca he sido partidario de defender lo indefendible, como lo es una estrategia que no funciona. Tampoco soy partidario de abandonar y tirar la toalla, cuando hay tanto en juego. Creo que el fracaso de la actual estrategia debe llevar a evaluar dónde están las fallas. Es indispensable analizar los fundfamentos económicos que condicionan a los agentes involucrados en cada una de las fases de esta cadena y tomarlos en cuenta para diseñar una nueva estrategia, al final es un tema de costos y beneficios, y también, por supuesto, de financiamiento.
COn respecto a las opciones abiertas para el Perú, tú o Norman propondrían hacer un anuncio unilateral de legalización de la cocaína? Es una opción real para nuestros policy makers? Si no la es, entonces pensemos en qué es lo que debemos hacer. Y posiblemnte encontraremos que el supuesto second best termina siendo un first best para nosotros.
Me parece que no podría haber políticas unilaterales aquí. Sería un caso típico de policy coordination failure pues el problema migraría con mayor fuerza al país que mantuviera las condiciones actuales (en el caso de productores) y sin EEUU metido en el juego, todo esfuerzo de nuestros países sería poco eficaz. Todos o nadie. Se necesitaría (en el caso de la coca) una política simultánea de despenalización y descriminalización en Perú, Colombia, Bolivia, México y EEUU como mínimo. Esto va a tomar tiempo, pero al menos el próximo gobierno podría poner el tema en el debate nacional, invitando a expertos y conversando con los vecinos. Estoy seguro que con un intercambio serio de opciones de política, costos y beneficios, se podría empezar a modificar la actual “estrategia” que solo está creando más estados disfuncionales, creciente violencia y mayor pobreza en nuestros países.
ReplyDeleteEstimados,
ReplyDeleteClaramente Perú (o cualquier país poco poderoso) no puede unilateralmente legalizar la comercialización de la droga. Pero lo que sí puede hacer es cuestionar y llamar a reforma el sistema actual de prohibición. (Por analogía, también podemos quejarnos y denunciar la invasión de Estados Unidos a un territorio extranjero aunque no esté a nuestro alcance evitarla.)
Estamos de acuerdo en que el abuso de las drogas es un mal social que debe ser reducido (como también, por ejemplo, el alcoholismo debe ser combatido). Eso no significa, sin embargo, que la prohibición y lucha frontal sea la manera más eficaz de lograrlo. La evidencia internacional muestra lo contrario. El sistema de prohibición cuesta muchísimo, no ha reducido el tráfico ni el consumo, y, por el contrario, ha inducido violencia, corrupción, insurgencia y crimen organizado. Si no, recordemos a Sendero Luminoso y las FARC, y apreciemos el caos social que vive ahora México y al que pronto se sumará América Central.
De acuerdo con que no podemos abandonar a los jóvenes ni darnos por vencidos en la lucha contra el abuso de la droga. Pero tenemos que hacerlo de manera realista y pragmática, abogando por un cambio de paradigma que trate la drogadicción como un problema de salud pública y no como un problema criminal y penal. La reducción del consumo de tabaco, aún en medios muy poco regulados, es un ejemplo claro a seguir.
La prohibición es especialmente dañina a los jóvenes. Por un lado, la carencia de buenos programas de salud pública los hace presa más fácil de la adicción y los envuelve en el círculo vicioso del crimen, la marginación y la drogadicción. Por otro lado, las grandes ganancias potenciales del nacotráfico son especialmente atractivas para los jóvenes, que no tiene cuenta apropiada de los riesgos que ellas implican. Ya sabemos que son los jóvenes los que sirven de carne de cañón para los grandes carteles del narcotráfico.
Los únicos beneficiados de la política de prohibición son los criminales organizados y los oficiales corruptos. ¿No sería mejor que sean reemplazados por farmacéuticos y doctores de mandil blanco en la provisión de sustancias tan delicadas como son las drogas?
Si desean leer el libro que he editado al respecto, por favor visiten el siguiente enlace, de acceso gratuito:
http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821380345/1?zoomed=&zoomPercent=&zoomX=&zoomY=¬eText=¬eX=¬eY=&viewMode=magazine
-- Norman
P.S. Una reflexión tangencial, con respecto a las batallas que merecen ser luchadas. ¿No hubiese sido mejor que el Perú se rindiese después de las derrotas de Angamos y Arica? ¿No hubiese sido mejor que la flor y nata de la juventud peruana no sea sacrificada en una inútil defensa de Lima en las Batalla de Chorrillos y Miraflores? Hay batallas que simplemente no deben pelearse.
Ok, parece que concordamos que el Perú no puede despenalizar unilateralmente.
ReplyDeleteEntonces, de regreso en el mundo real que nos toca vivir a los peruanos aquí y ahora, la pregunta que tenemos que responder es ¿qué hacemos hoy, en los siguientes cinco años, en los siguientes diez años? ¿Podríamos nosotros, desde el gobierno del Perú, plantear en diversos foros internacionales la despenalización de la cocaína? Tal vez, pero a un gran costo externo e interno en el corto y mediano plazo. Y no me queda claro, para nada claro, qué beneficio le traería esto al país.
La pregunta que ustedes no están respondiendo es qué es lo que debe hacer el policy maker en un país como el Perú aquí y ahora. ¿Cómo enfrentamos en un mundo con estrategias anti-drogas ineficaces y con prohibición de cocaína en todas partes el problema del narcotráfico y la drogadicción en el Perú hoy? Mi sugerencia es revisar nuestra estrategia mirando a los fundamentos económicos (incentivos); mi slogan: seamos radicales, pero no dejemos de ser realistas.
Con respecto a las batallas que merecen pelearse; estoy convencido que la Campaña de la Breña (Cáceres) debió pelearse, a pesar de sus muertos, es más, estoy agradecido y orgulloso de que se haya peleado; convencido de que nuestros antepasados que murieron defendiendo Lima, sus familias, sus patrimonios y su patria, lo hicieron con honor, con un honor que hoy día hace falta en muchas partes. Discrepo con el concepto de calificar a una defensa de inútil por el simple hecho de que el resultado inmediato haya sido adverso. Si nos hubiésemos rendido de inmediato, tal vez no existiríamos como país; de hecho, el resto del mundo no hubiese puesto la poca o mucha presión para terminar con la invasión. Creo que hubo muchos peruanos que coincidieron con mi posición en su momento y vieron con beneplácito a Cáceres ocupar la Presidencia de la República en tres ocasiones tras la Guerra del Pacífico (quien, por cierto, también peleó en la defensa de Lima).
El pelear por lo correcto y defender lo justo, difícilmente puede calificarse de inútil. En el caso de las drogas estamos peleando por nuestros hijos. Concuerdo en que hay que hacerlo eficazmente, mucho mejor de lo que lo venimos haciendo. No coincido con tirar la toalla. Por suerte en el mundo real hay bastantes más opciones de política que las dos que aparecen usualmente en el debate: estrategia actual (desastrosa) o despenalización (no práctica en el corto y mediano plazo y de dudoso beneficio en el largo plazo).
Un abrazo,
Guayo
Para empezar, se debería descriminalizar el comercio minorista y el consumo. El drogadicto no es un criminal sino un enfermo. El Estado podría asumir el comercio minorista a través de la red de postas del Ministerio de Salud. De esta manera, el Estado asume su rol de ejecutor de políticas de salud pública. El Estado vendería marihuana, cocaína y PBC en cantidades individuales, a bajo precio (mucho menor que el precio del mercado negro para atraer la demanda y empezar a eliminar el brutal margen que tienen los narcos) con garantía de calidad y cobro de impuestos (IGV e ISC), los cuales serian utilizados en la prevención y terapia de los drogadictos. Para esto, el Estado tiene que asegurarse la provisión de la droga (lo cual ya tiene de alguna manera con Conaco) y lo ideal sería poder hacer esto conjuntamente con Bolivia, Colombia y – tal vez – México. El comercio mayorista y la exportación seguirían siendo prohibidas y criminalizadas hasta una segunda etapa futura, cuando EEUU y la comunidad internacional estén dispuestos a avanzar en la descriminalización y el fin de la erradicación compulsiva.
ReplyDeleteSi es Estado se encarga del comercio minorista, ¿quién es el responsable del mayorista? ¿El Estado le compraría a los cárteles o procesaría su propia droga? La idea parece difícil de implementar, pero puede ser muy atractiva como slogan de campaña: "Fumones del mundo: Uníos.."
ReplyDeleteEl comercio mayorista seguiría siendo proscrito mientras la comunidad internacional no esté lista para cambiar el paradigma actual. Hoy el Estado peruano ya compra buena parte de la producción de coca de los valles de Urubamba y Vilcanota a través de Conaco (Comisión Nacional de la Coca). Para poder distribuir droga con control de calidad, por supuesto que tendría que fabricarla el propio Estado o encargárselo a laboratorios que lo hagan (vía una licitación por supuesto) y de esta manera empezar a quitarle mercado (y margen al mercado negro). El tema es que siendo un problema de salud pública, el Estado ha renunciado a su responsabilidad dejando la provisión de droga para estos miles de enfermos a la escoria de la sociedad. En este tema hay debatir sin prejuicios ni puritanismos, sino con pragmatismo.
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