“Tragedia de los Comunes” y Derechos de Propiedad en el Mar

Por mandato constitucional, el Estado debe preservar los recursos naturales que constituyen patrimonio de la Nación y, por tanto, patrimonio de las generaciones futuras. Bajo este contexto, el Estado peruano y, en particular el Ministerio de Pesquería, debe procurar la cautela efectiva de la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos. Hoy en día, el Estado peruano enfrenta un problema acuciante: ¿cómo llevar a cabo la actividad extractiva de la pesca industrial de manera eficiente, promoviendo la sostenibilidad del recurso y la viabilidad de la actividad empresarial?

En la teoría económica del bienestar se denomina “comunes” a cualquier recurso que es compartido por un grupo de individuos. El aire que respiramos y el agua que bebemos son considerados comunes. En muchos casos, la tierra para agricultura, los peces del mar y los bosques madereros son tratados como comunes. La lógica de los comunes es la siguiente: cada individuo tiene el derecho de consumir recursos de los comunes y depredar o verter desperdicios en éstos. Para acumular riqueza, cada individuo cree que puede adquirir una unidad adicional de recursos pero diseminar los costos de sus desperdicios entre todos aquellos con quienes comparte los comunes. Por tanto, las ganancias de cada individuo aparecen grandes mientras que los costos muy pequeños. En la medida que algunos individuos pueden acumular mayor riqueza más rápido que los otros, ello les permite acceder a una mayor participación de los comunes. La falacia en la lógica de los comunes está en la incapacidad de reconocer que todos los individuos están intentando hacer lo mismo. Por tanto, en promedio, una unidad ganada por un individuo produce realmente una unidad de costo para cada individuo. Esta disociación entre lo que percibe el individuo como ganancia y como costo genera que en el agregado se culmine agotando el recurso común y se termine en “la tragedia de los comunes”.[1] Esto se traduce generalmente en ríos contaminados, mares depredados, especies extinguidas y bosques sobre-explotados.

A menudo existe un conflicto entre los intereses individuales y los intereses de la sociedad. El foco de este conflicto yace en que la búsqueda de la ganancia individual de corto plazo se opone a la supervivencia de largo plazo del interés social. En la medida que los sistemas brinden oportunidades para que los individuos persigan el bien individual a expensas del bien común, se generan los incentivos para el colapso del sistema. En el caso de la pesca en el Perú, es claro que el sistema actual de cuota global y vedas biológicas genera incentivos perversos para que en nuestro mar se produzca una “tragedia de los comunes”. La ausencia de derechos de propiedad sobre los recursos que se extraen hace que cada armador realice un esfuerzo por llegar primero a los cardúmenes de peces y capturar lo más que se pueda, pues la cuota es global y la competencia es feroz. De esta forma, los incentivos son claros para invertir en más y mejores lanchas. El problema es que todos los agentes tienen los mismos incentivos y ello se traduce en  una carrera o “derby” por más y mejor infraestructura de captura. Es por eso que hoy tenemos en el Perú un sector pesquero industrial que presenta un exceso de capacidad instalada producto de un proceso de sobre-inversión (y sobre-endeudamiento), que genera menores temporadas de pesca, mayores costos y problemas financieros para las empresas.

Este fenómeno de depredación de los recursos comunes fue estudiado por el premio Nobel de Economía, Ronald Coase. Para Coase, la razón que subyace en estos incentivos perversos que fomentan la contaminación de las aguas o la depredación de los mares, es la falta de derechos de propiedad adecuadamente establecidos. Una vez que se establecen derechos de propiedad bien definidos y fácilmente transables, se arriba a una solución eficiente para la sociedad. Este es el fundamento del llamado “Teorema de Coase”.[2] Mientras no se establezcan derechos de propiedad sobre los recursos hidrobiológicos comunes, la única manera de acortar la brecha existente entre lo que los individuos perciben como “ganancia” y “costo” es establecer normas que minimicen la depredación de los mares e imponer costos efectivos a los individuos que incumplan con estas normas. Es decir, si no se establecen derechos de propiedad en el mar, entonces estamos condenados a mantener un Estado controlista y punitivo.

En la actividad pesquera la solución “a la Coase” es el establecimiento de cuotas individuales de captura por armador y que estas cuotas sean transables libremente. De esta manera, se preserva la biomasa al establecerse una cuota global máxima de captura pero se permite que la decisión de la distribución al interior del gremio de armadores se realice mediante un proceso de libre mercado en el que aquel que quiera pescar más que su cuota, deba adquirir esa cuota adicional a algún otro armador que esté dispuesto renunciar a capturar toda su cuota a cambio de una retribución pecuniaria. De esta manera se autoregula el mercado, haciendo que los más eficientes realicen la actividad extractiva y que aquellos que se saben menos eficientes, se vayan retrayendo de la actividad a cambio de una compensación absolutamente transparente y que refleja el valor de mercado de estas cuotas de captura. Por tanto, si queremos solucionar el problema del sobredimensionamiento de flota, los menores días de las temporadas de pesca, las ineficiencias existentes en la captura y transformación de los recursos hidrobiológicos, debemos propugnar la instauración de un sistema de cuotas de captura individuales y transables.

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[1] Hardin Garret (1968), “Tragedy of the Commons” en la revista Science 162.

[2] Ronald Coase (1960), “The Problem of Social Cost”.