Esta semana se anunció el otorgamiento del Premio Nobel de Economía a los profesores Finn Kydland y Edward Prescott en mérito a sus investigaciones acerca del diseño de las políticas económicas y las fuerzas que determinan los ciclos económicos, a lo largo de una prolífica carrera académica en la que ambos economistas desarrollaron modelos que modificaron la manera de hacer y pensar en la política económica.
En 1977, Kydland y Prescott publicaron uno de sus más célebres artículos llamado “Reglas en vez de Discreción: La Inconsistencia de los Planes Optimos”, en el cual demostraban algo que hoy nos parece una verdad trivial: que los Gobiernos deben basar sus políticas en reglas preestablecidas antes que en políticas discrecionales. En tal sentido, Kydland y Prescott entendieron la importancia que revisten para las autoridades los conceptos de compromiso, credibilidad y reputación. Una vez enterado del galardón, Kydland declaró: “Mucha gente toma decisiones basados en lo que ellos piensan que el Gobierno va a hacer en el futuro... de manera que es importante para los Gobiernos el seguir reglas de forma que la gente pueda tener fe en ellos.”
Kydland y Prescott demostraron que un régimen discrecional en el cual los Gobiernos seleccionan la mejor acción dada la situación prevaleciente, típicamente no resultará en la maximización de los objetivos sociales. En cambio, cuando los Gobiernos basan sus políticas en reglas preestablecidas, la situación económica puede ser mejorada sustancialmente. En un régimen basado en reglas, las autoridades se comprometen en la manera cómo van a ajustar sus instrumentos de política en respuesta de nuevos datos de la realidad o de cambios en las proyecciones. Una vez que la regla está especificada, sus juicios o criterios (de las autoridades) ya no son relevantes en la ejecución de las políticas. Por el contrario, en un régimen discrecional las autoridades no se comprometen de antemano a ningún curso de acción específico y, en cambio, aplican sus juicios y criterios para decidir en cada ocasión qué política es la más apropiada. Para estos autores, una buena política es aquella que es sistemática, predecible, creíble y transparente (los gringos usan además la palabra “accountability” cuya traducción exacta ni siquiera existe en castellano).
Demostraron cómo un Gobierno que, por ejemplo, busca bajar la inflación pero que no puede comprometerse en una política antiinflacionaria creíble, a menudo, inadvertidamente produce mayor inflación. Esto fue lo que llamaron “el problema de la inconsistencia temporal” y se refiere al incentivo que tienen los Gobiernos para anunciar una política y luego hacer otra cosa, apartándose del compromiso inicial. Un ejemplo de esto se da cuando un Gobierno anuncia una política de atracción de inversiones basado en beneficios tributarios con lo cual convencen a los inversionistas. Pero una vez que éstas se han realizado y los inversionistas son “rehenes” de sus propias inversiones, el Gobierno puede decidir que su política óptima consiste en “hacer trampa” renunciando a su compromiso inicial, procediendo a incrementar los impuestos.
Lo relevante del trabajo de Kydland y Prescott fue mostrar que los agentes privados se dan cuenta de los incentivos o tentaciones que tiene la autoridad para renegar de sus compromisos y “hacer trampa” en cualquier momento, de manera que los descuentan al momento de tomar sus decisiones, resultando en menores niveles de inversión que los que hubieran resultado si el Gobierno hubiese sido capaz de adherirse estrictamente a sus compromisos y seguido una regla clara de comportamiento. La iniciativa del Congreso para introducir regalías mineras modificando las reglas de juego con las cuales se atrajo a los inversionistas en el pasado, está justamente en las antípodas del pensamiento de estos galardonados economistas.
Kydland y Prescott decían en 1977 lo siguiente: “Sospechamos que agentes racionales no están haciendo inversiones en nuevas fuentes de petróleo en anticipación a que controles de precios serán introducidos en el futuro. Actualmente hay quienes proponen imponer impuestos a las utilidades “excesivas” que están obteniendo las empresas petroleras con el argumento correcto que ello no afectará las decisiones pasadas. Pero agentes racionales anticipan que tales expropiaciones pueden ocurrir en el futuro, y estas expectativas afectan sus decisiones actuales de inversión, reduciendo por tanto la oferta futura de petróleo.” (JPE, 1977, vol. 85 No.3, p. 486). Parece mentira que hoy – 27 años después – sigamos escuchando propuestas desde el Congreso de “sobre-gravar” a las empresas petroleras o mineras debido a que están gozando de altos precios internacionales.
Cuando el Ministerio de Energía y Minas promulgó el DS 010-2004-EM, lo que intentó fue justamente reducir la discrecionalidad del regulador con el fin de promover un proceso de fijación tarifaria basado mucho más en criterios objetivos, claros y predecibles, antes que en los juicios o criterios del regulador que podrían cambiar en cada momento futuro. El privilegiar la discrecionalidad sobre las reglas le hace daño a todo el sistema eléctrico, pues desincentiva la inversión al incrementar el riesgo regulatorio. Sin embargo, la Comisión de Defensa del Consumidor aboga por devolverle la discrecionalidad al regulador. “La razón por la cual las autoridades no deben tener discrecionalidad no es que sean estúpidos o malévolos, sino que la discreción implica seleccionar la decisión que es la mejor dada la situación vigente. Tal comportamiento resulta en inestabilidad económica.” (JPE, op.cit., p.487)
Si se instaurara el Premio Nobel de Anti-Economía, seguramente la Academia Sueca de Ciencias tendría una ardua tarea para elegir entre los candidatos de nuestro Congreso de la República.
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